La oposición acusa al Gobierno de intentar «encubrir» su corrupción

Una vez entre en vigor el proyecto de ley, se impondrá, en palabras de Rafael Catalá, una "nueva forma de trabajar donde el plazo cuenta". Esto significa que las instrucciones deberán concluirse en seis meses en las causas sencillas y en 18 en las complejas, prorrogables a 36. "Son tiempos realistas", asegura. También para evitar los macroprocesos "cada delito generará una causa y cada una, una sentencia". Por otro lado, aquellas sin autor conocido quedarán en manos de las Fuerzas de Seguridad y no de los juzgados.

Catalá ha defendido, además, una de las propuestas más polémicas del texto. Aquella por la que el imputado pasará a denominarse primero, "investigado", y después, "encausado" cuando se le "atribuyan indiciariamente hechos delictivos". Una medida "oportunista" y "estética" según fuerzas como el PSOE o IU, que reprochan que el Ejecutivo recurra a "eufemismos" ante la "avalancha de imputaciones". "Como si un truco semántico resolviera la legítima preocupación que tiene la gente sobre la facilidad con la que se nos roba en este país y la dificultad con la que se juzga", ha concluido el representante de Equo, Joan Baldoví.

Los grupos echan en falta un incremento de medios para jueces y fiscales y expresan dudas sobre la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como el Whatsapp, los SMS o el correo electrónico, aunque se haya retirado la posibilidad de que Interior proceda con esta práctica sin autorización judicial previa, como recogía el anteproyecto.

El Gobierno ha enmarcado la reforma, sin embargo, en la lucha contra la corrupción e incide en la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que gestionará los bienes requisados y embargados para convertir el patrimonio del delincuente en una oportunidad económica para la sociedad.

Encubrir

La oposición se ha manifestado contra el planteamiento de Justicia e intuye en los movimientos del Ejecutivo, incluido el debate, aunque no haya propuesta, sobre la posibilidad de multar a los medios de comunicación que se salten el secreto del sumario, una voluntad de "encubrir quizá algunos de los problemas muy graves de corrupción que tiene el PP", según ha aseverado el diputado socialista, Manuel de la Rocha. "Han decidido matar al mensajero para ocultar su derrota en materia ética y no lo van a conseguir, no va a ocurrir que la ciudadanía considere que nada ha ocurrido y perdone", ha advertido desde la Izquierda Plural Gaspar Llamazares en la que probablemente será su última intervención en el hemiciclo.