El TSJA devuelve a la juez Alaya la parte de los aforados autonómicos en el caso ERE

Las casi inmanejables dimensiones de la causa es precisamente uno de los argumentos esgrimidos en su auto por el TSJA para no pronunciarse acerca del sobreseimiento reclamado por tres de los afectados, los exconsejeros autonómicos Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. El instructor afirma que no ha podido alcanzar una convicción suficiente como para archivar el caso o para mantener la inculpación de los encausados, dado que no se ha dispuesto de tiempo suficiente para una lectura exhaustiva para poder analizar todas las diligencias practicadas y los testimonios recogidos y comprobar si arrojan algo de luz sobre el conocimiento o la falta de actuación de los aforados en la implantación de un sistema de pago de las ayudas a empresas en crisis, las transferencias de financiación, que permitía eludir los controles de fiscalización.

Asimismo, apunta que esas diligencias deberían haber sido contrastadas con los afectados, que a su vez podrían haber reclamado nuevas pruebas antes de que se realizara un pronunciamiento firme sobre el archivo de la misma o la apertura del procedimiento abreviado y por tanto al inculpación de los exconsejeros.

Asimismo, el TSJA recuerda que la causa aún continúa adelante en otras instancias judiciales, y que queda un no insignificante recorrido del caso tanto en el Tribunal Supremo donde se instruye la parte referida a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por ser aforados en las Cortescomo en el propio juzgado 6 de instrucción. Parecería pues irrazonable, señala el TSJA, hacer un pronunciamiento en este sentido.

La devolución de la causa a Mercedes Alaya era el paso lógico por cuanto que los exconsejeros Carmen Martinez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo no repetían como diputados autonómicos y su condición como miembros en la Diputación permanente terminaba al constituirse la nueva cámara, que tuvo lugar el pasado día 16 de abril. Todos ellos negaron ante el tribunal, según se recoge en el auto del TSJA, la existencia de una decisión política () para crear un espacio de arbitrariedad, sino que se produjo un abuso en la aplicación de las mismas. Si acaso, según apuntó Vallejo, pudo haber una voluntad para un mecanismo para implantar un sistema de pago ágil y rápido para favorecer los acuerdos de las mesas de negociación entre trabajadores y administración.

Por último, el tribunal vuelve a manifestar que es sumamente razonable y conveniente dividir la macrocausa de los ERE en piezas separadas con autonomía para agilizar la causa. Como ya ha apuntado el fiscal, la propuesta de división sería en una pieza sobre la implantación del procedimiento de pago de las ayudas (la parte más política de la trama), otras con cada una de estas ayudas concedidas y una última con el pago de sobrecomisiones a sindicatos, bufetes de abogados externos y mediadoras.