Dos detenidos por una trama de corrupción en ayuntamientos de la provincia de Valencia

La investigación, que está declarada secreta, se encuentra en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia. La operación está relacionada con el registro de al menos una decena de ayuntamientos de la provincia de Valencia que se produjo hace aproximadamente un año.

El caso tiene su origen en una investigación en la que se detectaron irregularidades en el ayuntamiento de la Pobla de Farnals. La fiscalía solicitó en su día nueve años de prisión tanto para la exalcaldesa del municipio como para el secretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, quien defendió con vehemencia su inocencia, aunque no ofreció argumentos convincentes.

Sempere y la Pobla de Farnals

Sempere sostuvo en su día que el Ayuntamiento de la Pobla era un "desastre", que carecía de contabilidad y libros de actas. "Mi idea era arreglar el Ayuntamiento de la Pobla. Para mí aquella tarea era un reto", explicó.

La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, le acusa de "idear" la forma de lucrarse "con fondos públicos" del consistorio de la Pobla "a través de contratos de asesoramiento o la realización de supuestos informes jurídicos". La exalcaldesa Natividad García también se enfrenta a nueve años de prisión.

El secretario del ayuntamiento asegura que sólo cobró en dos ocasiones y que iba a trabajar todos los días a la sede municipal de la Pobla al menos tres horas diarias. Negó cualquier relación con otras mercantiles que cobraron por asesoramiento y que la Fiscalía sostiene que, en realidad, eran controladas por el acusado. Además, defendió sus honorarios, que según él, están por debajo de otros letrados.

La defensa del secretario de Canet

Fue incluso más lejos en sus afirmaciones. Dijo que el fiscal del caso sostiene su acusación en "elucubraciones". En sus críticas al ministerio público se mostró incluso desafiante. "No le tengo miedo a la juez ni al fiscal. Pero sí a la prensa", admitió. De hecho, criticó con dureza las informaciones que se habían publicado porque no reflejaban "la verdad global".

No terminaron aquí sus referencias a la fiscalía. La investigación de la Pobla dio origen a otra más amplia por el mismo procedimiento defraudatorio pero en una decena de nuevos consistorios. Sancho insinuó que el fiscal presentó la denuncia en Valencia y no en el juzgado de Massamagrell porque la titular quería archivar la investigación de la Pobla.

"Después de prestar declaración, escuché como la juez le decía al fiscal que había que sobreseerlo. Y el fiscal le dijo que no, que esto podía haber pasado en más ayuntamientos", reveló el ahora acusado. Explicó que cuando entró a la sala porque había olvidado unos documentos, los dos responsables judiciales se callaron.

El secretario también fue nombrado durante su etapa en La Pobla de Farnals como interventor. Finalmente fue destituido por enfrentamientos de los grupos políticos. Fue en ese instante cuando lanzó una de las frases más enigmáticas de la jornada: "Me tiraron de interventor porque descubría muchas cosas y eso no podía ser...". Sancho llegó a presumir en varias ocasiones de su labor en el Ayuntamiento de la Pobla.

La realidad que mostró la Fiscalía Anticorrupción en su escrito es bien diferente. El entramado consistía en que Sancho, bien como persona física o a través de asociaciones sin ánimo de lucro, percibía "importantes cantidades de dinero público" gracias a la intervención "directa y personal" de la entonces alcaldesa. En total, cerca de 90.000 euros, según los datos que constan en el escrito de acusación. Él, por su parte, negó ayer cualquier tipo de relación con el resto de mercantiles de la presunta trama.