Catalá ofrece diálogo a los grupos para desarrollar el nuevo registro civil

Faltan menos de tres meses para que el Registro Civil pase a manos de forma progresiva a los registradores de la propiedad y mercantiles. En la práctica, esta cesión de un servicio público gestionado por funcionarios supondrá su 'desjudicialización', ya que a partir ahora ya no dependerá de la autoridad judicial competente. Para el Ministerio de Justicia, así se reducirá el colapso y se evitarán las colas con la digitalización del sistema. Pero los sindicatos y los operadores jurídicos denuncian que se trata de una privatización encubierta.

Esa acusación ha sido la que ha echado en cara Martínez Gorriarán a Catalá. "Todo el mundo menos ustedes -le ha esperado- está de acuerdo en que hay una privatización del servicio y un conflicto de intereses (derivado de que el presidente del Gobierno es registrador de la propiedad)". El diputado ha argumentado que los registradores no son funcionarios públicos, algo que el ministro ha refutado. En realidad sí lo son, aunque su característica diferencial es que no cobran un salario sino por arancel.