Detenidas 28 personas por comercio ilegal de pesticidas

Las detenciones se han producido en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia y Almería, así como en las provincias de Huelva, Murcia y Alicante, según informa la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado.

A lo largo de la investigación se pudo acreditar que los implicados cubrían una amplia gama de actividades relacionadas con los fitosanitarios. Su campo de actuación abarcaba desde la importación de productos prohibidos, generalmente principios activos para su formulación posterior, hasta la comercialización de elaborados contraviniendo la normativa reguladora de la propiedad industrial.

Estos productos son aplicados en el campo para el tratamiento de enfermedades de los vegetales y para combatir plagas de parásitos. Su uso exige estrictas medidas de seguridad, tanto en la aplicación, debiendo estar en posesión del Carné de Manipulador, como en los tiempos de seguridad, que implican la prohibición de comercializar los productos agrarios en determinados plazos desde su aplicación. Al no respetar las condiciones legales de fabricación o aplicación se pueden generar, entre otros, importantes perjuicios para el medio ambiente, por el riesgo de contaminación de los suelos de cultivo.

Dos años de investigación

En marzo de 2013 la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva detectó la comercialización de un producto presentado como abono, pero cuya condición real era la de fitosanitario. Se tomaron las muestras pertinentes, que resultaron positivas en contenido de sustancias fitosanitarias activas. A raíz de ello, se realizaron las primeras gestiones operativas, que confirman actividad en otras dos provincias, por lo que se solicita el apoyo de la Ucoma.

A partir de ese momento se inicia la 'operación Fresón', que lleva a diversas acciones policiales en Almería, Barcelona, Murcia, Tarragona y Valencia. Por otra parte, a lo largo de la investigación se produjo una acción paralela por parte del Seprona de Badajoz que enlazó parcialmente ambos casos, al constatarse que el fabricante de los productos que poseían los detenidos pacenses se correspondía con la empresa investigada en Valencia como consecuencia del caso iniciado en Huelva.

La fábrica, una empresa valenciana de carácter familiar, movía miles de kilos de producto ilegal cada temporada con beneficios por cada litro de entre 3 y 10 euros. Entre sus clientes tenía una importante comercial tarraconense que, además de presentar similar importancia en cuanto al volumen de mercancía que manejaba, destaca por su implicación en la venta de productos ilegales que son utilizados en el Delta del Ebro para combatir la plaga del caracol manzana.