Mateo Balín
Martes, 14 de abril 2015, 02:15
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha afirmado tras concluir su declaración ante el juez que "nunca, jamás, se ha adoptado en el Consejo de Gobierno (de la Junta) ninguna decisión ilegal. Ni se ha conocido, ni se ha mantenido ni se ... ha impulsado ninguna ilegalidad, cualquier decisión política o normativa siempre siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios".
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Chaves ha comparecido durante cerca de tres horas en el Tribunal Supremo como imputado en el 'caso de los ERE' fraudulentos. Ha sido el tercer interrogatorio a los cinco aforados imputados tras las comparecencias previas ante el juez del expresidente y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, y del exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
El expresidente andaluz, exvicepresidente del Gobierno de Zapatero y exministro ha defendido "que las ayudas sociolaborales recogidas en los presupuestos tuvieron un efecto positivo para los trabajadores. Estaban basadas en los acuerdos firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales".
Chaves ha ñadido a la salida del Supremo "si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces y los tribunales quienes determinan si las acciones individuales de esas personas causaron un fraude o no y si el fraude fue pequeño o grande".
Con la declaración de Chaves y otros eventuales indicios sobre la mesa, el juez Alberto Jorge Barreiro deberá de decidir si es o no oportuno solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para actuar contra él y el resto de aforados, los citados Griñán y Viera y los exconsejeros Gaspar Zarrias y Mar Moreno. De momento se investiga supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos en el desvío de parte de las prestaciones a otros fines.
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Chaves ya declaró sobre su responsabilidad en los ERE en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Afirmó que su papel como presidente fue poner en marcha una política concreta (el sistema de ayudas sociolaborales) para tratar de salvar puestos de trabajo, ayudar a los trabajadores que tenían dificultades para recolocarse y garantizar la viabilidad de las empresas.
Defendió que el sistema era legal, que no conoció el convenio marco de 2001 que daba cobertura a las subvenciones porque nunca pasó por el Consejo de Gobierno, una tarea exclusiva de la Consejería de Empleo, dijo, y que las modificaciones presupuestarias posteriores fueron aprobadas con toda legalidad y los informes pertinentes.
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"Gran fraude"
El primero de los citados por el juez del Supremo, el exconsejero Viera, negó la semana pasada haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas y atribuyó la responsabilidad a sus subordinados: la Dirección General de Trabajo, con Francisco Javier Guerrero a la cabeza.
Por su parte, Griñán admitió durante su comparecencia que en la gestión de los ERE hubo un gran fraude, pero no que estuviera planificado. Negó asimismo haber recibido ningún informe de la intervención de la Junta alertándole de las irregularidades que se cometieron en la gestión de una parte de las citadas ayudas públicas y también apuntó que su departamento financió, pero no adjudicó las misma (fue la Consejería de Empleo), y precisó que fue en este segundo punto cuando se produjo el millonario fraude.
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El coordinador del Comité de Campaña del PP andaluz para las elecciones municipales, Carlos Rojas, afirmó este lunes que espera que con la declaración de Chaves "podamos saber quien es la 'X' del gran fraude" que a su juicio supone el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, toda vez que considera que "no puede haber un gran fraude si no hay un gran plan", contradiciendo las palabras de Griñán.
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