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Rosario González
Viernes, 10 de abril 2015, 00:27
El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre el anteproyecto de ley relativo a la regulación del baremo de indemnizaciones por accidente de tráfico, una medida muy demandada por las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y que aumentará la cuantía una media ... del 50% en el caso de muerte y un 35% en el caso de lesiones. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado sendos informes relativos a modificaciones en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la defensa de la calidad alimentaria.
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En la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que los proyectos de ley que ha presentado en el Consejo de Ministros suponen "una mejora importante" en la individualización del daño, especialmente en relación a los casos en los que se producen lesiones graves o fallecimientos.
El Consejo de Ministros ha autorizado asimismo la ampliación en casi 649 millones de euros del crédito destinado a gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior.
Esta ampliación se deriva de la aplicación del Fondo de Contingencia y que autoriza el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de financiar diversas modificaciones de crédito.
Desde finales de los años noventa, la mayor parte del gasto que generan las operaciones militares en el exterior se financia con cargo a este denominado fondo de contingencia, creado en un primer momento para hacer frente a situaciones imprevistas.
Según ha avanzado Catalá, se revisan los diferentes prejuicios que pueda sufrir la víctima atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y económicas, añadiendo elementos como las nuevas estructuras familiares e incorporando un sistema de tablas que simplifica el sistema actual. Una reforma que, ha señalado, tiene también como objetivo reducir la judicialización de los accidentes, así como generar "estabilidad" entre las compañías de seguro y, al mismo tiempo, "evitar efectos incrementalistas o de aumento de las cuotas de las pólizas de seguros".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado varios nombramientos que suponen el cese de los delegados del Gobierno en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Según ha explicado Sáenz de Santamaría, Concepción Dancausa será la nueva delegada del Gobierno en Madrid, mientras que Juan Carlos Suárez Quiñones lo será en Castilla y León y José Julián Gregorio en Castilla-La Mancha.
Biodiversidad
Junto a la vicepresidenta y el ministro de Justicia, ha comparecido la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. En relación a la cartera que dirige, el Consejo de Ministros ha aprobado dos proyectos de ley: la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que incluirá la incorporación en el registro de la información ambiental de las propiedades en los espacios que estén protegidos, con el objetivo de delimitar las posibilidades de cada espacio.
Tejerina ha defendido que "la biodiversidad es un patrimonio que debemos proteger" y ha especificado que los espacios naturales protegidos -parques naturales, reservas naturales, áreas marinas y monumentos naturales- "afectan a 6,3 millones de hectáreas". Asimismo, ha señalado que el proyecto refuerza el control de importación de especies no autóctonas, asi como incorpora una normativa internacional y mejora la aplicación de la ley comunitaria.
Calidad alimentaria
El Consejo de Ministros aborda otro informe sobre un anteproyecto de ley de defensa de la calidad alimentaria, que actualiza la normativa vigente, de 1983, sobre los procedimientos de control. Según ha explicado Tejerina, el proyecto contempla la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas Comerciales, así como el Observatorio de la Cadena Alimentaria, además de desarrollar actuaciones para avanzar en la integración cooperativa, que contará con un presupuesto de 257 millones de euros. Las medidas, ha señalado la ministra, persiguen que los productos tengan una única regulación en todos los territorios del país en materia de control, así como ordenar el sistema de inspecciones y controles y homogeneizar y actualizar el régimen sancionador.
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