Viera descarga la responsabilidad de los ERE en sus subordinados

Viera es el primero de los cinco imputados en el procedimiento en prestar declaración ante el juez. Los otros son los expresidentes José Antonio Griñán (este jueves) y Manuel Chaves (martes 14), y los exconsejeros Gaspar Zarrías (jueves 16) y Mar Moreno (martes 21).

Según la acusación popular personada en la causa, el juez Jorge Barreiro ha leído a Viera antes de comenzar su testimonio que declaraba en calidad de imputado por los supuestos indicios de prevaricación y malversación en el procedimiento.

Durante el interrogatorio, el encausado ha mantenido la tesis ya defendida en la comisión de investigación del Parlamento andaluz de que él solo se dedicaba a la "acción política" y que era la Dirección General de Trabajo la responsable de controlar y abonar las partidas destinadas a las ayudas sociolaborales. Esta dirección estaba dirigida por Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa, y pertenecía a la consejería de Empleo.

Viera era el consejero de Empleo en 2001 cuando se firmó el convenio marco que amparaba el pago de ayudas sociolaborales a empresas en crisis y con expedientes de regulación de empleo en marcha y a personas físicas prejubiladas. Se hizo mediante las denominadas transferencias de financiación, "un sistema erróneo o inadecuado", según la juez de Sevilla Mercedes Alaya y la Intervención General de la Administración del Estado, ya que deberían de haberse utilizado subvenciones extraordinarias.

Las ayudas aprobadas fueron de dos tipos: las destinadas a las prejubilaciones (donde estaban los denominados intrusos) y las ayudas directas a empresas en crisis, sin que algunos de los beneficiarios siquiera las pidieran, otras no tenían documentación y todas sin sacarlas a concurso.

En estas segundas, la Guardia Civil apuntó directamente a Viera porque el grueso de los fondos fueron a parar a la zona de la Sierra Norte de Sevilla, donde supuestamente tenían empresarios conocidos y trabajaba la hija del exconsejero. Sin embargo, el juez del Supremo no le ha preguntado hoy sobre su hija, según fuentes jurídicas.

Entre 2001 y 2010 se repartieron en ayudas más de 850 millones de euros, de los cuales 64 fueron fraudulentos, según el Tribunal de Cuentas.