El PSOE pide imputar a Cospedal y Acebes por la financiación ilegal «sistemática» del PP durante 18 años

Además, Manos Limpias, amplía su listado de imputados al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al que fuera también secretario general del Partido Francisco Álvarez-Cascos.

El PSOE considera en su recurso que el magistrado ha dejado indiciariamente acreditado que la formación conservadora se financió ilegalmente y de manera sistemática desde 1990 hasta al menos 2008, mediante una contabilidad paralela a la oficial. Estos fondos se utilizaron para, entre otras cosas, financiar gastos de campañas electorales o para pagar distintos servicios y gastos en beneficio del partido, como la reforma de Génova. Todo ello son decisiones trascendentes, que no parece pudieran ser ajenas a las personas con responsabilidad dentro de esa formación política, más allá de la responsabilidad meramente contable.

Para Manos Limpias, el auto del Juez Pablo Ruz donde únicamente imputa a los ex tesoreros del P.P., Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, parece totalmente incompleto, por ello pide que se incluya como imputados en calidad de encubridores, cómplices y cooperadores necesarios a los ex secretarios generales del P.P. , Alvarez Cascos, Mariano Rajoy, Angel Acebes y a Dolores de Cospedal.

Ayer mismo, Bárcenas recurrió el auto de Pablo Ruz que certificaba la existencia de la caja B entre 1990 y 2008. El imputado, sin llegar a citarlos, señala directamente como responsables de la contabilidad en negro del partido a los cinco secretarios generales que ha tenido el PP en esos 18 años: Francisco Álvarez-Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Mariano Rajoy (2003-2004), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (desde 2008 hasta el presente). Todos, excepto Rajoy, declararon como testigos en la causa, pero ninguno fue imputado.

El extesorero lanzó estas graves acusaciones contra el actual presidente del Gobierno y los otros altos cargos del PP en el escrito con el que recurre el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz y en el que el magistrado constató la existencia de la doble contabilidad en la formación política. Un auto que dio por concluida la instrucción de la pieza conocida como "papeles de Bárcenas" tras dos años de pesquisas y que sentó en el banquillo, además de al exsenador y a Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez, a los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García, y la empleada de esta mercantil que cobró 1.552.000 euros en negro por la reforma de la sede nacional del PP, Laura Montero.