El fiscal pide 108 años para el etarra 'Santi Potros' por dos atentados de los ochenta

En el primer escrito de acusación, el Ministerio Público solicita a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que condene a 94 años y cinco meses de cárcel al etarra por ordenar un atentado con coche-bomba en Barcelona que se habría producido el 2 de abril de 1987 al paso de una patrulla de la Guardia Civil.

El atentado se prudujo después de que el entonces 'jefe de los comandos' de la banda terrorista, 'Santi Potros', diera la orden a los etarras Domingo Troitiño Arranz y Rafael Caride Simón, condenados por estos hechos en 2002. Para ello, les suministró 40 kilos de explosivo, pistolas, temporizadores y detonadores.

Los terroristas, que fueron alojados por la también etarra Mercedes Ernaga, cambiaron las matrículas del vehículo utilizado para el atentado en las inmediaciones del Camp Nou y lo colocaron sobre las 22.00 horas en el cruce de la avenida Meridiana con las calles Vizcaya y José Estival. La explosión causó la muerte de un viandante y heridas a siete personas, entre ellas dos guardias civiles.

Atentados contra el fiscal general

En el segundo escrito provisional de acusación, la Fiscalía pide 14 años de cárcel para 'Santi Potros' por ordenar el atentado contra el entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, que la banda intentó cometer en Madrid el 8 de mayo de 1986.

Los etarras Antonio Troitiño, Iñaki de Juana, José Manuel Soares Gamboa e Idoia Mendizabal intentaron colocaron un vehículo robado provisto de lanzagranadas en la confluencia de las calles Cea Bermúdez con Vallehermoso aunque no pudieron llevar a cabo el atentado porque ese día el coche oficial del fiscal general del Estado cambió su ruta habitual.

Penas cumplidas en Francia

En el marco de estos dos procedimientos, Andreu dictó el ingreso en prisión de 'Santi Potros' el pasado 20 de enero, 48 días después de que los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal ordenaran su excarcelación tras descontar el tiempo de prisión que había cumplido en Francia, en cumplimiento de una decisión marco del Consejo de Europa dictada en 2008.

La decisión se adoptó un día antes de que entrara en vigor la ley que restringía esta norma y establecía que "en ningún caso serán tenidas en cuentas" para su aplicación "las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".

El histórico etarra abandonó la cárcel el pasado 4 de diciembre aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre este asunto. No obstante, el alto tribunal determinó, en el caso del etarra Kepa Pikabea, que los periodos de condena cumplidos en otros países de la Unión Europea no deben descontarse de las condenas dictadas en España.