La Junta de Extremadura acusa de un fraude en cursos de formación a la Creex, CCOO y UGT

En su intervención, Muñoz ha explicado que tras realizar una auditoría por parte de una empresa externa al Ejecutivo regional del 10% de los cursos, existen "indicios suficientes" que determinarían que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados".

Las "irregularidades", ha explicado la consejera, "están en que los gastos facturados son superiores al coste real". "Existen sobrefacturaciones" ya que "los costes reales en los que pretendidamente se han incurrido superan con creces el valor de mercado". Ha calculado que "la diferencia entre el coste real y el coste facturado" sería de un 47% más.

Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen "indicios de fraude de en torno a 1,5 millones", es decir, el 50% de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CC OO, recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, y el "fraude" estaría en ambos casos "entre los 600.000 y los 650.000 euros", un 30 por ciento.

En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que "los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40% de la subvención".

El supuesto fraude refleja vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas, cobros de hasta 820 euros por una hora de formación y facturas con sobrecostes del 800%.

Entre los ejemplos apuntados, el Gobierno regional indica la existencia de una factura presentada por valor de 69.000 euros, cuando el coste real "acreditado" es de 9.600 euros, por lo que "el beneficio" es del 800%, ha apuntado Muñoz.

Otra factura presentada refleja un valor de 35.000 euros cuando su coste real es de 12.000 euros

Auditoría externa

La documentación aportada por la Junta a la Fiscalía Anticorrupción es toda la concerniente a la convocatoria de 2011 y se deriva de una auditoría externa encargada el pasado mes de septiembre por el Servicio Extremeño Público de Empleo. La mencionada auditoría fue concluida hace un par de semanas, con resultados que habrían puesto de manifiesto un sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.

El director gerente del Sexpe, Miguel Lozano, tomó la decisión de encargar la una vez recibida en junio de 2014 desde la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la propuesta inicial de liquidación de los planes formativos, en la que no se despejaban las sospechas que ya albergaba el servicio público extremeño.

La Fundación Tripartita es la entidad de ámbito nacional que daba apoyo técnico al Sexpe para la gestión y justificación de la formación. En la misma están representadas las organizaciones sindicales CC OO y UGT y las empresariales más representativas, así como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En Extremadura, la gestión, ejecución y liquidación de los cursos de formación para ocupados de 2011, y las de los años inmediatamente anteriores, se realizaba con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita en virtud de un convenio celebrado con el Gobierno autonómico de entonces. El actual Gobierno de José Antonio Monago no renovó en 2012 dicho convenio, a fin de asumir el control íntegro de la formación para ocupados en la región

Señala la auditoría, tal como ha explicado la consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz, que en algunos casos hay vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas.

Es decir, el propio beneficiario de la subvención contrataba a una empresa de la que él mismo era dueño. Esto no es delito siempre que se pida autorización previa a la Junta, que es la que da la subvención, y "siempre que el precio que se factura sea acorde a las condiciones de mercado".