El juez de los ERE desbarata la estrategia inicial de Griñán y Zarrías

Alberto Jorge Barreiro ha rechazado el recurso presentado por las defensas de ambos para que la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE en esa comunidad, no recibiera un informe pericial de parte que rebate uno de los principios indicios documentales del caso: un documento de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El juez del alto tribunal también ha rechazado el recurso de los imputados y ha permitido que los funcionarios de la IGAE con los que trabaja Alaya realicen una ampliación de su informe contrastando los datos periciales aportadas por la defensas.

Para el instructor, los hechos que investiga Alaya y los de su procedimiento cuentan con aspectos comunes, "hasta el punto de que de no ser por el régimen de aforamientos que afectan a los imputados resultaría indiscutible que tendrían que verse en un solo procedimiento". De ahí que avale en su instrucción la presencia tanto de los peritos de la IGAE como de los investigadores de la Guardia Civil de Alaya.

Alberto Jorge Barreiro entiende que el círculo de competencias común a ambos procesos versa sobre la posible ilegalidad del sistema de concesión de las ayudas socio-laborales y a empresas y las consecuencias que el sistema implantado género en los fondos públicos de Andalucía.

Reunión con los peritos

De igual modo, Alberto Jorge Barreiro ha rebatido la objeción de la defensa de Zarrías a las reuniones que ha venido manteniendo con los peritos de la IGAE, dando a entender que se trata "de una especie de reuniones cuasi clandestinas que se oponen al ordenamiento procesal" . El juez ha respondido que esos peritos son judiciales, son desde hace tres años los de la juez Alaya y por tanto "no son de parte". También ha justificado que no ha recibido a los peritos de las defensas porque "favorece notablemente los intereses de los acusados.

Por último, el instructor del Supremo ha contextualizado el ámbito penal de los hechos investigados, que la sala de admisión enmarcó en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Según Alberto Jorge Barreiro, el contenido de esos consejos de viceconsejeros puede ser relevante para la investigación de los hechos. De un lado, para averiguar el sustrato de hechos de los elementos de dolo en las conductas gubernativas ejecutadas en los altos niveles de la pirámide administrativa. Del otro lado para conocer cómo se preparaban las decisiones que luego se aprobaban en los consejos de Gobierno. El juez ha recordado que en el delito de prevaricación no solo concurre la modalidad de la autoría, también cabe la forma de participación.