Mateo Balín
Lunes, 23 de marzo 2015, 16:32
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación de la causa de la 'caja B' del Partido Popular tras dos años de instrucción. En un denso auto, el magistrado ha cerrado las diferentes pesquisas abiertas en el procedimiento sobre la ... contabilidad opaca del PP controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a los que el juez confirma su imputación y abre la puerta para que se sienten en el banquillo de los acusados. También propone juzgar al exgerente popular Cristóbal Páez, a los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García, y a la empleada Laura Montero.
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A estos se les imputa delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de la empresa que reformó la sede nacional de Génova 13, por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010, como por parte del PP por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del partido en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica.
A Barcenas y Lapuerta se les imputa, además, un delito de apropiación indebida y a los responsables de Unifica también el delito de falsedad documental. El juez Ruz considera presuntos responsables civiles subsidiarios al PP y a la citada empresa. La responsabilidad civil equivale a una multa por su implicación en los indicios penales confirmados.
Castilla-La Mancha
El magistrado ha incoado pieza separada y se inhibe a un juzgado de Toledo por la investigación sobre el expediente de limpieza de Toledo por el que se adjudicó a Sufí el servicio de basuras. Ruz aprecia indicios de delitos de prevaricación. En el momento presente, asegura el auto, no se cuentan con elementos indiciarios suficientes que justifique la investigación de aforados, cuya competencia sería del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Por último, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial de los 22 restantes imputados, entre ellos empresarios y el exsecretario general del PP Ángel Acebes. El juez cifra en 1.552.000 euros el pago total realizado a Unifica en negro por las obras en la sede nacional del PP.
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