Bárcenas recurre la fianza de 88 millones que le impuso el juez Ruz

En su recurso, la defensa de Bárcenas solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aminore la fianza al importe exigido por las acusaciones en concepto de responsabilidad civil. La caución fue el resultado de sumar once millones por responsabilidad civil, 55 millones en concepto de multa y el tercio previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los abogados del extesorero, Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante, critican que la cuantía se haya impuesto "sin motivación ni ponderación alguna", provocando una "grave" lesión en los derechos de su cliente a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la legalidad. "La absoluta falta de motivación de la medida, carente de toda fundamentación lógica y racional lesiona los derechos tutelados en la Constitución", dicen.

Califican de "sorprendente" e "inesperada" la decisión del magistrado de seguir la "arbitraria" petición de las acusaciones y elevar de 43,2 millones a 88 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil. Ruz decretó el embargo de las cuentas y bienes inmuebles de Bárcenas por valor de 43,2 millones de euros en julio de 2013.

Una decisión sin fundamentar

En su opinión, tampoco es ajustado a Derecho elevar en un tercio la fianza exigida para cubrir una posible responsabilidad por multa y además este tipo de pena no puede aplicarse anticipadamente, causando una "grave e irreversible lesión" del derecho de presunción de inocencia del antiguo responsable de las finanzas del PP, "como si fuera posible una ejecución provisional de una pena".

"La elevación de un tercio de la fianza exigida por las posibles responsabilidades pecuniarias, incluyendo la multa, ha sido la fórmula de cálculo aritmético que se ha llevado a cabo alcanzado la no despreciable y exasperada cantidad resultante de 88 millones de euros a depositar como fianza por parte de Bárcenas", explican los letrados.

Los abogados defensores denuncian que el auto de Ruz no haya destinado "una sola palabra" a justificar la medida cautelar, de forma que "se pueda conocer que la estimación del daño se apoya en circunstancias objetivas, comprensibles y razonables". "Y es claro que no existe probabilidad alguna de que el contenido económico de la resolución que se dicte en su día por el tribunal de enjuiciamiento alcance ni más ni menos que la suma de 88 millones de euros", concluyen.

El juez Ruz dictó el pasado 5 de marzo la apertura de juicio oral contra 40 acusados, entre los que se encuentran, además de Bárcenas, los extesoreros 'populares' Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, así como el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por los miembros de la trama desde 1999 y 2005.