La Policía ordena controlar al máximo la información a los medios tras los últimos escándalos

La Dirección General de la Policía (DGP) ha decidido poner coto a tal derroche informativo. O al menos lo intenta. El máximo responsable de la institución, Ignacio Cosidó, firmó y distribuyo este lunes una circular interna, a la que ha tenido acceso este periódico horas después , en la que ordena a todas las jefaturas y unidades del cuerpo controlar al máximo la información que llega a los medios de comunicación.

El texto, que sustituye todas las disposiciones anteriores en materia de «relaciones con los medios de comunicación», es tajante: hay que «preservar la imagen de la institución policial» y para ello, entiende Cosidó, toda la información que salga del cuerpo tiene que pasar exclusivamente por los órganos oficiales dependientes de la dirección. Todo lo demás, será perseguible.

La circular, exclusivamente de distribución en el cuerpo, se denomina «1/2015 sobre competencias en materia de prensa, relaciones con los medios de comunicación y las redes sociales». Ese texto, de cuatro páginas, incluye una seria advertencia, «recordatorio legal», en palabras de la Policía: facilitar datos a periodistas sin el visto bueno de los responsables del Ministerio del Interior puede llevarles, incluso, a la cárcel. «Apelando a la imagen institucional», Interior avisa que «la filtración de informaciones, la difusión de imágenes (conocidas por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones) así como el incumplimiento de las normas dictadas en la presente circular pueden dar lugar a posibles responsabilidades en el orden penal o disciplinario».

Esta circular antifiltraciones incide en que la DGP «no es ajena a la función que los medios de comunicación ejercen en la sociedad», para acto seguido insistir en que, no obstante, es indispensable que el «flujo de noticias» desde la institución al exterior se rija por una «serie de normas o instrucciones». Entiende Cosidó que esas normas deben pasar por el hecho de que toda la información sea tamizada por la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas (OPRI) en Madrid o directamente por la autorización directa de los jefes superiores provinciales.

Asuntos sensibles

La Dirección General de la Policía veta desde ahora que las diferentes comisarías puedan informar por libre de los asuntos más sensibles, como datos sobre los servicios centrales del cuerpo, operaciones antiterrorista o inmigración. En cualquier caso, la circular antifiltraciones deja claro a todos los agentes que cualquier «noticia de interés nacional» deberá pasar por los servicios centrales en Madrid. Además, a partir de ahora cualquier intervención de un funcionario en «cualquier programa de radio, televisión, entrevistas o reportajes» requerirá de una «autorización expresa» desde la OPRI.

El control llega al punto de que Interior prohíbe a los policías con cuentas en las redes sociales la reproducción de cualquier símbolo que pueda hacer pensar que se trata de perfiles oficiales del cuerpo o al hecho de que igualmente se prohíbe «difundir a los medios de comunicación» imágenes de operaciones en los que aparezcan «prendas o emblemas» de unidades en los uniformes que eclipsen el logotipo del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta circular tiene un antecedente reciente. El pasado enero el director adjunto operativo, Eugenio Pino, ordenó que solo los funcionarios expresamente autorizados puedan grabar imágenes durante los operativos. Esas órdenes intentaban atajar la difusión de imágenes por parte de los agentes y sindicatos policiales a través de las redes sociales como ocurrió con el falso aviso de bomba en la estación de Nuevos Ministerios en Madrid o el del asesinato de una policía durante un atraco en Vigo.