Interior condecoró al inspector del ático de González mientras era investigado

Pero así fue. La Dirección General de la Policía concedió en la primavera de 2014 la máxima distinción del cuerpo, la cruz al mérito policial con distintivo rojo, al comisario José Manuel Villarejo. Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico (incluidas imágenes) el mando policial fue condecorado con esa medalla (pensionada y que solo se puede conceder por haber puesto en riesgo la vida) en un acto muy restringido. Aunque su medalla se aprobó en octubre de 2013 no le fue entregada en la tradicional fiesta de los Ángeles Custodios de ese mes (patronos del Cuerpo) sino en una ceremonia en la sede central de la Policía en la calle Miguel Ángel de Madrid. Y fue el director adjunto operativo (número 2 del cuerpo), Eugenio Pino, quien se la impuso.

Fue precisamente Pino el que un año antes, en marzo de 2012, ordenó investigar a Villarejo y al entonces comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, por haber participado en una «investigación ilegal» a González sin informar a superiores. Investigación que sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid. Asuntos Internos, incluso, acusó de «deslealtad» a Hermes y Villarejo con Pino por no haberle tenido al día de esas pesquisas sobre el ático de Marbella y la posibilidad de que el inmueble, en realidad, fuera un cohecho relacionado con Gürtel.

Órdago nacionalista

Según fuentes policiales, la medalla a Villarejo fue por los servicios prestados en 2012 y 2013 en Cataluña en plena ofensiva nacionalista. Él siempre se ha definido como «agente encubierto», aunque esta figura solo existe en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, por lo que no se entiende qué hacía en Cataluña.

Por entonces, y en plena polémica por la aparición de unos documentos policiales apócrifos que implicaban a Artur Más, también fueron condecorados los comisarios Marcelino Martín-Blas Aranda, jefe de Asuntos Internos y enfrentado a muerte con Villarejo, y José Luis Olivera (entonces al frente del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado). Se trata de los dos policías que el 29 de octubre de 2012, en plena campaña de las elecciones catalanas, se desplazaron a Barcelona para tratar de «convencer» a la Fiscalía de que «resucitaran» la investigación del «caso Palau» y reclamara al juez el registro de la sede de Convergència.