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José Ramón Villalba
Martes, 10 de marzo 2015, 10:56
La Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional dio este lunes por cerrada la tercera fase de la 'operación Edu' en Granada contra el presunto fraude de los cursos de formación para parados con cinco detenidos más, lo cual eleva ... a 34 el número de arrestados en este operativo que comenzó el pasado lunes 2 de marzo. Ese primer día, los agentes arrestaron al actual secretario provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan M. L., por su presunta implicación en este fraude cuando desempeñaba un alto cargo en la delegación provincial de Empleo en 2010. Al día siguiente, también fue arrestado el que fuera consejero de Hacienda de la Junta bajo el mandato de Rodríguez de la Borbolla, Ángel Ojeda, por su presunta vinculación con el fraude de los cursos cometido en Granada.
El resto de los detenidos, hasta completar la lista de 34, son empresarios de academias de formación tanto de Granada como del resto de la provincia. Los cinco arrestados este lunes también forman parte del colectivo empresarial. Salvo en tres casos en que fueron puestos a disposición judicial, al resto de los imputados se le ha tomado declaración en sede policial y han quedado en libertad hasta que vuelvan a ser citados bien por la policía o por el juzgado que investiga este caso en la capital granadina, el de Instrucción número 1.
Esta tercera fase del 'caso Edu interior', desarrollada en Granada, Córdoba y Jaén, tenía previsto acabar con 114 detenidos entre las tres provincias citadas y es fruto de la documentación acuñada por los investigadores durante los pasados meses de noviembre, diciembre, enero y febrero cuando solo en Granada se le tomó declaración a un grupo de 450 alumnos de los cursos de formación presumiblemente fraudulentos y a medio centenar de profesores.
La investigación policial no terminará con esta tercera fase. El 'caso Edu' volverá en los próximos meses con la apertura de un nuevo capítulo en el que se subirá un escalón más y se pondrá el punto de mira sobre personal de la Administración autonómica que estaba al frente de la concesión de las subvenciones o de la elección de las academias a las que se les adjudicó el mayor montante de cursos, dejando de lado criterios de igualdad entre los distintos aspirantes.
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