El número dos de Barberá se sentará en el banquillo por el 'caso Nóos'

La Audiencia revoca la decisión de Castro e incluye en esta causa a Grau, que deberá responder por un delito continuado de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de fraude a la administración, de tráfico de influencias y de falsedad en documento oficial. El auto insta al juez instructor a conceder el plazo para la presentación del escrito de defensa a Grau. Contra esta decisión no cabe recurso, según recordó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El pasado 22 de diciembre el juez José Castro decidió no incluir el nombre de Grau en el escrito de apertura del juicio oral, al entender, en contra del criterio de la Audiencia Provincial, que el número dos de la alcaldesa Rita Barberá no tuvo responsabilidad alguna en la adjudicación de los Valencia Summits al Instituto Nóos. Esa decisión fue recurrida por los socialistas valencianos, a los que ahora da la razón la Audiencia Provincial.

Grau era el presidente de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FTVCB) cuanto este organismo, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), adjudicó a dedo y sin concurso público al instituto que presidía Iñaki Urdangarin la organización de esos eventos deportivos-empresariales entre 2004 y 2005 por un valor de 3,1 millones de euros.

Dos acusaciones señalaban al vicealcalde. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia pedía que Grau fuera condenado a once años de prisión por fraude a la administración y por malversación continuada en concurso con prevaricación y con tráfico de influencias. Por su parte, Manos Limpias reclamaba también once años de cárcel por los mismos delitos y otro más de falsedad en documento por parte de funcionario público.

La defensa de Grau desde el principio pidió el archivo de las actuaciones contra él. Alegó que nunca intervino en la adjudicación a Nóos y que, en cualquier caso, los socialistas y Manos Limpias no estaban legitimados para acusarle si no lo hacía la Fiscalía ni la Abogacía del Estado (la 'doctrina Botín', de nuevo).