Las estructuras de Estado pactadas por CiU y ERC no tienen amparo en el Estatut

El órgano consultivo de la Generalitat se ha pronunciado a instancias del PP catalán, que pidió dictamen sobre la Ley de Medidas Fiscales y Financieras porque consideraba que estas estructuras vulneraban la Constitución y la norma catalana.

Las estructuras de Estado impugnadas son el plan director de la hacienda catalana; inventariar los bienes públicos catalanes ante una "eventual división de activos y pasivos" con el Estado; preparar la autoridad catalana de la competencia y un organismo que vele por la seguridad nuclear.

Sobre la hacienda catalana, la enmienda presentada por ERC pedía al Govern que en tres meses enviara al Parlament una ley tributaria para regular "los procedimientos de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos suportados en Cataluña".

El Consell falla que la regulación de los tributos autonómicos debe de hacerse en el marco establecido por el Estado, por lo que sentencia que la enmienda es una "extralimitación" en la cesión de los tributos que invade competencias y la convierte en inconstitucional.

Otra enmienda de ERC impugnada por el Consell pedía un proyecto de ley que recogiera mecanismos para, en caso de independencia, "inventariar, dividir y reasignar" los activos y pasivos de la administraciones públicas con presencia actual en Cataluña.

El Consell también considera este punto inconstitucional y sin amparo estatutario, ya que parte de un supuesto -la secesión entre Estados- y de una finalidad -la distribución de bienes- "no previstas constitucionalmente".

En este caso se salva una parte de la enmienda, que es la de elaborar un catálogo de infraestructuras estratégicas en Cataluña.

Competencia y seguridad nuclear

ERC también planteó una enmienda que buscaba crear una autoridad catalana de la competencia para que la Generalitat asumiera las funciones reguladoras en los ámbitos de la energía, telecomunicaciones y el transporte ferroviario.

El órgano consultivo sentencia que estos ámbitos que aspira a regular la Generalitat "no están a disposición del legislador catalán", sino que están en manos del Estado las facultades ejecutivas para combatir las prácticas que puedan alterar la libre competencia.

El Consell también ha tumbado una enmienda de ERC que encomendaba al Govern una ley de seguridad nuclear que planteara una normativa básica para las instalaciones nucleares que quieran operar en territorio catalán y creara un ente supervisor.

En este caso se vuelve a apelar a que la Generalitat debe "respetar las competencias normativas del Estado", que en cuanto a seguridad nuclear, incluyen la regulación de la planificación, prevención y la actuación respecto a las situaciones de emergencia grave y alcance supraterritorial.

Un ponente de ERC

Se da la circunstancia que el ponente del dictamen, Joan Ridao, es un miembro del Consell propuesto por ERC, que en el pasado fue diputado republicano en el Parlament, en el Congreso, y secretario general de la formación.

El dictamen salva una de las enmiendas de ERC, la que propone la creación de la agencia catalana de la Seguridad Social, porque considera que, tal y como está redactada, no se desprende de ella que la Generalitat asumirá las competencias en esta materia que son propias del Estado.

El Consell de Garanties Estatutàries sí ha avalado la adecuación al Estatut y a la Constitución de la creación de una tasa sobre la expedición de autorizaciones para la caza en vivo de pájaros cantores, ya que esgrime que la Generalitat tiene competencias en medio ambiente y en las medidas para la protección de especies.

El PP celebra el dictamen

El portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, ha celebrado este viernes que el dictamen delCGE "descabeza la columna vertebral" del proceso soberanista impulsado por CiU y ERC ya que ve inconstitucional gran parte de las estructuras de Estado que se planteaban en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2015.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, Millo ha exigido a CiU y ERC que asuman el dictamen y retiren las enmiendas impugnadas para que no puedan someterse a votación en el pleno del Parlament, y ha añadido que espera que no hagan "trampa" intentando transaccionarlas para camuflarlas.