Ander Azpiroz
Jueves, 26 de febrero 2015, 12:36
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dado de nuevo un tirón de orejas al Gobierno a propósito de las devoluciones en caliente que se practican en las fronteras de Ceuta y Melilla. Hoy, ha insistido en un mensaje que ya lanzado en otras ocasiones. " ... Los inmigrantes ilegales que están en la valla ya están en España", ha dicho. Por lo tanto, mantiene Becerril, al estar en suelo nacional les asisten derechos legales que impiden que puedan ser retornados al territorio marroquí de forma inmediata.
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La defensora del Pueblo ha reiterado su preocupación porque las devoluciones en caliente puedan ser legalizadas a través de una enmienda incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. No obstante, ha señalado que la disposición "muy dudosa" de la norma que contempla esta posibilidad se encuentra en fase de revisión en el Senado. Será una vez se concrete la redacción final de la norma cuando la defensora ofrezca su opinión aunque, a priori, se ha mostrado optimista con que el texto respetar punto por punto los derechos de los inmigrantes.
Cuestionada por las concertinas colocadas en las vallas fronterizas, otro de los caballos de batalla de la institución que dirige contra el Gobierno, Becerril ha reconocido el nulo éxito de sus reclamaciones para que las cuchillas sean retiradas. "No nos han hecho mucho caso todavía", ha admitido.
Pisos del 'banco malo'
Becerril ha hecho estas manifestaciones durante la presentación del informe anual 2014 de la institución que dirige. A lo largo del año pasado la oficina del Defensor del Pueblo formuló 467 recomendaciones a las administraciones públicas, de las que fueron aceptadas un 72%.
Una de las recomendaciones que no fue atendida fue la de destinar los pisos de la Sareb, el conocido como 'banco malo', al alquiler social. La propuesta fue rechazada tanto por el Ministerio de Economía y Competitividad como por el Ministerio de Fomento, aunque el primero ha admitido volver a someterla a consideración. Según refleja el informe anual, "el Ministerio de Economía y Competitividad respondió que la Sareb no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda, sino como un instrumento de la política financiera". La respuesta de Fomento fue que no es responsable de la Sareb y que apoya la decisión inicial de Economía.
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En cuanto a las quejas ciudadanas, las cuestiones que más preocuparon a los españoles fueron las relacionadas con asuntos sociales, impuestos y retrasos en la administración de Justicia. A lo largo de 2014 se registraron 23.186 quejas.
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