Los peritos de la Intervención insisten en que el sistema de los ERE era «fraudulento»

Las preguntas de la juez han ido encaminadas a que los peritos desmonten el contrainforme presentado ante el Tribunal Supremo por el expresidente José Antonio Griñan, un informe elaborado por catedráticos de derecho tributario y financiero "de parte y por tanto con sesgo". El exconsejero andaluz de Hacienda recurrió a varios catedráticos para justificar la legalidad de las ayudas y en el que se limita cualquier responsabilidad a la Consejeria de Empleo en el momento en que concedieron unas ayudas que escaparon de cualquier control fiscalizador previo.

Sin embargo, los peritos reprochan en el informe ratificado hoy que ni Griñan ni quienes le antecedieron y sucedieron al frente de Hacienda, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, "no adoptaran las medidas necesarias para evitar las irregularidades". Así, según han explicado esta mañana a la juez, a su juicio tanto los resposanbles de la Consejería de Empleo como los de Hacienda y Economía serían responsables de la implantación de un sistema irregular para dar las ayudas sociolaborales "porque todos eran parte precisa y necesaria" para que este uso fraudulento se produjera.

A su juicio, el uso de transferencias de financiación para que una entidad pública abonara las ayudas "no se ajusta a la legalidad", pese a que el contrainforme de Griñan defendiese que esta figura se podía utilizar con otros fines. "Es inadecuado e improcedente de acuerdo a los términos que dice la ley", han apostillado, recordando además la falta de competencias de una administración regional para conceder este tipo de ayudas sociolaborales que competen al Estado central.

En su declaración los expertos de la Intervención, que han asegurado que el informe de los catedráticos contiene "numerosos errores", han señalado los tres problemas que en su opinion presenta este sistema de concesión de ayudas: presupuestarios, de gestión de los créditos por la Consejería de Empleo y un tercero, derivado de los dos anteriores, de "control" de la concesión de las subvenciones, porque se impidió la fiscalización previa de las mismas.

A la comparecencia de los peritos, que se ha iniciado con un retraso de una hora y cuarto, están asistiendo una treintena de abogados de la defensa, así como los fiscales Anticorrupción y de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía.