El Supremo imputa a Chaves y Griñán por el 'caso de los ERE'

Según fuentes judiciales, el Supremo investigará si Chaves y Griñán investigará la intervención "directa o indirecta" de los expresidentes en el diseño del fondo, dotado con 855 millones para subvencionar ERE y ayudas directas a empresas en crisis.

El pasado 17 de noviembre, tanto Chaves como Griñán pidieron declarar de forma voluntaria ante el Supremo, para intentar anticiparse a su imputación formal, algo que finalmente no lograron evitar.

Previamente, la senadora y exconsejera andaluza Mar Moreno, investigada también en el procedimiento, ya había solicitado en agosto su personación, después de que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, remitiera al Supremo su exposición razonada. El resto de exmandatarios contra los que se dirige la acción penal son el expresidente Manuel Chaves y el exconsejero José Antonio Viera, ambos diputados del Congreso, que seguirán la línea de defensa abierta por sus compañeros.

'Conseguidores' e intermediarios

En el caso de los ERE fraudulentos se investiga el reparto de más de 850 millones en ayudas públicas en Andalucía para garantizar la paz social durante la década de 2000, de los que se abrían desviado 141 millones a "conseguidores", intermediarios o empresarios amigos de los principales imputados. Los delitos que se investigan son prevaricación y malversación para los cinco aforados.

Las declaraciones de Griñán, Chaves y el resto de aforados no será la primera vez que el 'caso de los ERE' marca, al menos, la campaña electoral. El golpe más sonado llegó antes de las autonómicas de marzo de 2012, cuyo inicio de campaña coincidió con la declaración del principal implicado en el caso, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Cinco días antes de acudir a las urnas, su chofer aseguró a la juez que el dinero público defraudado se gastó en droga y fiestas. Pero pese al escándalo no hubo vuelco electoral.

Por su parte, el PSOE ha anunciado que solo pedirá a Chaves y Griñán que dejen sus escaños en el Congreso y en el Senado, respectivamente, si son llamados a juicio oral, según ha afirmado su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.