El juez pide a la Guardia Civil que investigue a Zarrías y Moreno por los ERE fraudulentos

El magistrado de la Sala Segunda o de lo Penal Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa que se sigue en el Supremo contra cinco personas aforadas por este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha dictado una providencia en la que indica que, a tenor de los datos sobre Mar Moreno recogidos en las actuaciones de la causa principal, que ha remitido al alto tribunal la juez Mercedes Alaya, procede dirigir un oficio a la Guardia Civil para que realice una investigación sobre su papel en los hechos invetigados.

En concreto, está "centrada en constatar cuáles son las actividades realizadas por aquélla en el ámbito de la Junta de Andalucía o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan; es decir, con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2012".

El juez pide a los agentes que se centren, fundamentalmente, en el periodo de tiempo en que desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía y añade, a este respecto, que deberá ser informado sobre qué resoluciones, en su caso, dictó como consejera en relación a los hechos investigados; los actos en que intervino relativos a su ejecución y actuaciones a las que aparece directamente vinculada que tuvieran alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público que se investiga en la causa.

En igual sentido, ordena una investigación de la misma índole en relación con Gaspar Zarrías, "centrada en los actos que haya ejecutado como consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía que tuvieran alguna vinculación con los hechos delictivos que son objeto de la presente causa".

El oficio del juez se dirige a la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil y es la primera diligencia que realiza antes de decidir si imputa y cita a declarar a los aforados, tal y como habían reclamado éstos.