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Melchor Sáiz-Pardo
Miércoles, 4 de febrero 2015, 18:18
La Fiscalía apoyará, en un escrito esta misma semana, que el juez José Castro autorice a los duques de Palma la venta del palacete de Pedralbes, la casa que la infanta Cristina e Inaki Urdangarin compraron supuestamente con buena parte del dinero público desviado desde ... el Instituto Nóos a Aizoon, la empresa fantasma propiedad del matrimonio.
Anticorrupción, no obstante, exigirá garantías de que el dinero que quede tras cancelar la hipoteca se ingrese en la cuenta del juzgado. Con el apoyo del Ministerio Público a la venta, nadie duda ya que en breve el magistrado autorizará la transacción del inmueble, contra el que pesa un embargo del 50% ordenado por la magistrado a finales de 2013 después de que Urdanagarin no hiciera frente a la fianza de responsabilidad civil 6,1 millones impuesta de forma solidaria con su exsocio, Diego Torres.
El instructor, además, en el auto de apertura de juicio que dictó el pasado diciembre estableció una fianza por posibles responsabilidades pecuniarias de 13,6 millones para el duque y de 2,7 millones de euros para la infanta Cristina como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales de su cónyuge.
El juez, no obstante, solo recuperará una parte ínfima de esas cauciones. El acuerdo de preventa de la casa serían unos seis millones de euros de los diez millones que en principio pedían los duques, y que luego rebajaron sin éxito a ocho. Además, sobre la mansión todavía pesa una deuda importante con La Caixa. El propio Urdangarin confesó ante el juez en febrero de 2013 que el matrimonio debía aún 3,6 millones de euros de los 5,8 que pidió al banco para comprar el palacete de Pedralbes, que luego reformarían por tres millones de euros más.
Con estas cifras, el Juzgado de Instrucción 3 de Palma solo podría ingresar en efectivo por la enajenación de ese inmueble apenas 1,2 millones de euros, ya que la otra cantidad pertenecería a la infanta, contra la que no se ha decretado embargo. A ese dinero cabría sumar el 50% de otras propiedades cuya titularidad comparte con su esposa: tres viviendas, dos garajes y dos trasteros. Unos inmuebles cuya venta tampoco llegará a aproximarse, ni mucho menos, a las cauciones millonarias fijadas por Castro y que la Audiencia Provincial de Palma podría confirmar si el exdeportista es finalmente condenado.
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