El PP recurre los presupuestos catalanes y pospone su aprobación

El plazo para registrar la solicitud concluía a las 09.30 horas de hoy, pero el PPC ha decidido impugnar en el último momento los Presupuestos -como ya hizo el año pasado- y evitar así que se puedan aprobar mañana las cuentas, que ya acumulan un retraso de más de un mes, puesto que debían ser aprobadas a finales del año pasado.

El debate definitivo se aplazará pues hasta que el CGE emita el dictamen en el plazo aproximado de un mes, pero en todo caso, al tratarse de un órgano consultivo, el dictamen no tendrá por lo tanto efectos vinculantes.

La decisión de llevar las cuentas al CGE ya fue sugerida ayer en rueda de prensa la líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, quien a la espera de que su comité de dirección tomara una postura definitiva, aseguró que el PPC "no permitirá que se aprueben unos presupuestos pésimos", "irreales y ficticios" y que "van dirigidos a crear estructuras de estado, para malversar el dinero de los catalanes".

Estructuras de Estado

La solicitudes registradas en la Mesa del Parlament han sido firmadas por los 19 diputados populares y, si bien en el caso de la ley de presupuestos se refieren a la vulneración de la autonomía presupuestaria de algunas instituciones, en la de acompañamiento es donde se advierte de la inconstitucionalidad de algunas enmiendas de ERC que instan al Govern a "construir estructuras de Estado".

En la Ley de Presupuestos se pide examinar los artículos 53.2 y 53.5 y la disposición adicional octava, dado que "determinados aspectos presupuestarios" que afectan a Síndic de Greuges, Consejo de Garantías, Sindicatura de Cuentas y Oficina Antifraude de Cataluña "regulan aspectos que podrían vulnerar la autonomía presupuestaria que el Estatut reconoce a estas instituciones". La norma presupuestaria incluye así regulaciones que "no ayudan a hacer factible y real la separación de poderes y dar garantías a las potestades que legalmente se dan con el objetivo de asegurar su independencia respecto a la administración principal".

Pero es en el caso de la ley de medidas fiscales y financieras, la conocida como ley de acompañamiento, donde el PPC pide un dictamen sobre varias enmiendas de ERC, al considerar que van dirigidas a la creación de las llamadas "estructuras de Estado". Así, los populares consideran que las enmiendas tienen como objetivo "incluir una serie de disposiciones adicionales con mandatos dirigidos al poder ejecutivo de la Generalitat para que adopte acciones legislativas, sin que la Generalitat disponga de competencias para hacerlo, con el objetivo de construir las denominadas estructuras de estado".

En este sentido, la enmienda que emplaza al Govern a impulsar una Ley tributaria de Cataluña "supera los límites competenciales, ya que en ningún caso y menos de forma unilateral, puede presentar un proyecto de ley y el Parlament aprobar una ley que tenga por objetivo regular los procedimientos para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos soportados en Cataluña".

También se pide dictamen sobre la constitucionalidad de la disposición de protección y garantía del servicio de infraestructuras críticas de Cataluña; así como las que instan a crear una ley de patrimonio de la Generalitat y la agencia catalana de Seguridad Social, que para el PPC busca impulsar "la creación de la Seguridad Social de la Generalitat" en sustitución de la estatal.

Asimismo, se impugna la enmienda que insta a la modificación de la ley de la Autoridad Catalana de la Competencia y la que emplaza a impulsar una Ley de seguridad nuclear. Por último, se impugna también el artículo 36, referente a la tasa que gravará la prestación de los servicios administrativos para las autorizaciones de la captura en vivo de pájaros fringílidos para actividades tradicionales destinadas a concursos de canto.