El juez archiva la petición de las víctimas para que se detenga a varios exministros franquistas

En un auto, hecho público este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha decretado el archivo de las diligencias abiertas a propósito de las órdenes de detención con fines de extradición requeridas por Argentina por la falta de legitimación activa de la asociación.

El magistrado explica que las asociaciones tienen "vedada" la participación en el proceso extradicional puesto que este queda reservado a los Estados, en virtud del Convenio de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España en 1987, así como de la Ley de Extradición Pasiva.

En el auto, que es recurrible, el magistrado explica que este expediente se archiva, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia curse una petición formal de extradición en caso de recibirla por el juzgado de Buenos Aires. "Esta cuestión es ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte judicial y no en la parte política del proceso extradicional", ha añadido.

En este sentido, se refiere al hecho de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires haya solicitado la detención de los acusados vía Interpol pero no haya remitido más documentación al Ministerio de Justicia sobre una petición formal de extradición.

Quejas de las víctimas

En el escrito, la asociación, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), denunció ante el juzgado de Velasco el "incumplimiento grave" por parte de las autoridades policiales españolas de la legislación vigente y la "omisión escandalosa y disconforme a derecho" del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por Servini.

La sección argentina de Interpol pidió en noviembre de forma "urgente" la detención preventiva con fines de extradición, pero la oficina de Madrid protestó ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la queja.

"Dichas autoridades no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto que su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial", explican.

En este sentido, exponen que la comunicación cursada por Interior a la Fiscalía de la Audiencia Nacional "no puede resultar más improcedente y contraria a derecho" y que además, en un "alarde de desconocimiento e ignorancia inexcusable" de la ley, se permite afirmar que los jueces españolas no han solicitado hasta el momento que se lleven a cabo las órdenes de detención.

"Esto es, se pretende por parte de las autoridades gubernativas que sean las autoridades judiciales las que ejecuten las órdenes de detención, cuando no se les ha comunicado la existencia y el contenido de las mismas ni por parte del Ministerio del Interior ni por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", concluyen los denunciantes.

Exministros y militares imputados

La magistrada imputó el pasado noviembre a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los exministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último Gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Al exministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Angel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirigía contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputó a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.

La Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.