Ruz ofrece a Hacienda acusar a Bárcenas por los pagos en negro

En una providencia notificada este lunes, el magistrado ofrece al organismo tributario que se persone en la causa como perjudicado y realice las acciones que legalmente le corresponden a través de la Abogacía del Estado, que forma parte del organigrama del Ministerio de Justicia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adopta esta decisión tras recibir un informe en el que se cuantifican los trabajos que el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales realizó en la sede del PP y constatar que una parte de los pagos que recibió podrían ser constitutivos de "uno o más delitos contra la Hacienda Pública".

El juez cita para el próximo 11 de febrero a los peritos que han realizado este informe y para el día 9 a los de la Intervención General del Estado (IGAE), a fin de que ratifiquen sus últimos informes. Este último organismo determinó en noviembre pasado que no existía "una correlación temporal" entre las donaciones que una veintena de empresas habrían realizado al PP y los "volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas".

1,71 millones en negro

Ruz pidió el informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica en noviembre pasado tras dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio pasado. En total, se habrían pagado en negro 1,71 millones de euros.

El magistrado señalaba, a partir de un informe anterior de la Agencia Tributaria, que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006 por lo que el delito fiscal podría haber prescrito, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".

Según el auto, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionanaban los extesoreros Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".

El magistrado, que apuntaba en su auto que el delito fiscal sería atribuible al estudio de arquitectura, señalaba que el hecho de que la facturación se extienda a lo largo de varios periodos impositivos (unos que habrían prescrito y otros que no) hace que "en el momento actual" no resulte posible "cuantificar con carácter definitivo las cuotas tributarias en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)".

Los hechos investigados, según el juez instructor, podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, sin perjuicio de una posterior calificación y a la espera de los informes definitivos de la Agencia Tributaria.