Un español empeñado en la paz

Santiago no representa a España, participa en las conversaciones a instancias de Noruega, país garante del proceso junto a Cuba. Los noruegos son expertos en este tipo de mediaciones; su último éxito se ha producido en Filipinas, con la firma de la paz entre el Ejecutivo de Manila y el Frente Moro. En el caso de Colombia, Oslo ha querido contar con el abogado español para que asesore sobre los asuntos legales que rodean el fin del conflicto, en concreto sobre los aspectos que afectan a la administración de justicia, el derecho internacional y el derecho humanitario. En estos campos debe velar porque todos y cada uno de los acuerdos encajen tanto con el ordenamiento jurídico colombiano como con el internacional.

En los más de dos años en los que las partes llevan reuniéndose en La Habana, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC han alcanzado acuerdos en tres de los seis puntos de la agenda que se estableció para las conversaciones. Los temas resueltos responden a asuntos políticos, la reforma agraria, la participación en la actividad política de la guerrilla y la sustitución de los cultivos de coca.

Resta por tratar los asuntos jurídicos. El más importante radica en qué medida se llevará a cabo la rendición de cuentas ante la justicia de todos los implicados en el conflicto, entre los que se incluyen políticos, militares, guerrilleros y paramilitares. El objetivo a alcanzar, afirma el abogado español, «es garantizar la reparación a las víctimas a la vez que se garantiza que lo ocurrido no vuelva a suceder». En este punto De Santiago advierte sobre un precedente dramático, el asesinato a partir de 1985 por los paramilitares de hasta 6.000 militantes de la Unión Patriótica, un partido impulsado por las FARC. Ahora, uno de los puntos en los que la guerrilla insiste más es la garantía de la seguridad para sus representantes en el escenario del postconflicto. Y para que un caso como el de la Unión Patriótica no se vuelva a producir, el abogado apunta la imperiosa necesidad de la desaparición total de los paramilitares, una presencia que podría amenazar la salida negociada al conflicto, «la única viable como han demostrado cinco décadas de enfrentamientos».

Ausencia de España

El abogado se reconoce desilusionado por la ausencia del Gobierno español en La Habana, sobre todo porque en ocasiones anteriores fue uno de los actores principales en las negociaciones. Santiago desconoce si el Ejecutivo se ofreció a mediar entre las partes aunque señala que la inclusión en 2003, cuando gobernaba José María Aznar, de las FARC en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea ha significado un veto a cualquier presencia española en el proceso. Opina que, de la misma manera que Aznar abanderó a instancias de Ávaro Uribe aquella decisión de hace doce años, ahora, en un escenario como el actual, Mariano Rajoy debería de dar los pasos contrarios para hacer que Bruselas reconsidere la situación de las FARC como muestra de apoyo al proceso de paz.

Al margen de gestos políticos, el abogado recuerda que una Colombia sin la losa de la guerra se convertirá en una potencia emergente de primer nivel y señala que muchos países ya se están posicionando ante esta posibilidad para abrir mercado en el país latinoamericano.

El presente es ya el cuarto proceso de paz que Gobierno y guerrilla inician desde 1984. Con toda la cautela que exige una negociación que busca poner fin a cinco décadas de guerra, Santiago se muestra relativamente optimista respecto al desenlace. «Por ahora las cosas van bien encauzadas», afirma antes de reconocer una voluntad tanto en el Gobierno de Santos como de las FARC para que esta vez sea la definitiva. En cualquier caso, advierte de que resta por delante un camino largo y difícil por recorrer. Y es que «la paz no se firma con los amigos, se firma con los enemigos», subraya Santiago.