Procesos judiciales en campaña

-'Caso Gürtel': De Madrid a Valencia

Tras cerca de seis años de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz concluyó a finales de noviembre la instrucción de la pieza principal del caso Gürtel (época 1999-2005). Hubo 42 imputados y tres responsables civiles a título lucrativo. Dos de ellos fueron el Partido Popular (persona jurídica) y Ana Mato, la ministra de Sanidad que dimitió tras esta acusación. La causa se dirige, entre otros, contra tres extesoreros nacionales del PP (Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis), un exdiputado (Jesús Merino) y un exconsejero de la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo).

El proceso se encuentra en fase de calificación y la sala debe resolver en los próximos días los recursos de los principales imputados, que piden el archivo. En cuanto decida, el juez tendrá vía libre para abrir juicio. La vista oral se podría celebrarse en otoño. Aunque si se apuran los plazos podría coincidir con las elecciones municipales de mayo. Un horizonte que complicaría sobremanera la campaña del PP en Madrid, más si cabe si finalmente Rajoy elige a Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de la capital. Y es que durante la primera etapa de la lideresa en la Comunidad la trama se benefició de más de 300 contratos públicos.

De forma paralela, la evolución de las seis piezas abiertas en Valencia por el caso Gürtel también tiene visos de complicar la campaña del presidente popular, Alberto Fabra. A diferencia de Aguirre, bajo su mandato no actuó la trama y ya han dimitido los diputados autonómicos denunciados, pero la perspectiva judicial se colará sin remedio en la cita de mayo.

En la lista de nombres están Milagrosa Martínez (pieza Fitur), Ricardo Costa y Yolanda García (financiación irregular); o Juan Cotino, expresidente de las Cortes e imputado en la pieza de los contratos. Además de Gürtel, en plena precampaña se celebrará en marzo el juicio del caso Terra Mítica, con 30 imputados por defraudar unos cinco millones en facturas falsas. Mientras que permanece a la espera de señalamiento el caso Emarsa en Valencia, con 24 imputados por un desfalco de 32 millones en una depuradora de Manises, en la que está implicado el exvicepresidente de la Diputación Enrique Crespo, o el avance del caso Fórmula 1, con Camps querellado por la Fiscalía.

-'Caja B': El brete de Rajoy y Cospedal

El juez Pablo Ruz sigue avanzando en las pesquisas de la 'Caja B' del PP a partir de los llamados papeles de Bárcenas. Antes de marzo debe de tomar la decisión de si continúa en la Audiencia hasta acabar los casos pendientes o regresa al juzgado de Mostoles (Madrid) de donde es titular. Así, las consecuencias políticas que pudieran derivarse de sus actuaciones se circunscriben también a la postura que tome.

De cualquier modo, este proceso que afecta al partido en el Gobierno tiene suficiente recorrido y llegará hasta las elecciones generales, ya sean en noviembre, diciembre o enero de 2016. En la actualidad, el asunto más espinoso para Rajoy -él mismo reconoció en diciembre que la corrupción ha hecho daño al PP- se refieren a l as obras pagadas en negro de su sede nacional, cuando él era presidente del partido. La investigación cuantifica en 1,7 millones, el 30% de la reforma.

El juez también instruye dos ramificaciones de la 'Caja B' con previsibles consecuencias políticas. Por una parte, el supuesto cohecho para pagar una campaña de la presidenta María Dolores de Cospedal a cambio de contrata en Toledo, un asunto que acabará en el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha al estar implicados aforados autonómicos. Del otro está la investigación de la adquisición de un local del PP de La Rioja con fondos de origen no aclarado. En mayo pasado el juez rechazó tomar declaración al presidente riojano, Pedro Sanz.

-Cataluña: El 9-N de Mas y los Pujol

Dos casos judiciales planearán sobre el año electoral en Cataluña: Pujol y la querella contra Mas por el 9-N. Podría añadirse una tercera causa, la del Palau de la música, pero más de cinco años después de que los Mossos entraran en la entidad cultural, el caso continúa enfangado en la fase de instrucción.

El calendario electoral en Cataluña, en cualquier caso, era toda una incógnita hasta hace días, cuando se fijó el 27 de septiembre como fecha para los comicios. No hay duda de que tanto el proceso contra Pujol como el del 9-N tendrán su incidencia en todas las elecciones que haya, eso sí, de manera muy distinta. En principio la querella impulsada por la Fiscalía y ya admitida a trámite por el TSJC contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer una resolución del Constitucional durante el 9-N podría beneficiar al presidente de la Generalitat, que se presentará, ante el votante independentista, como «una víctima de un Estado opresor que quiere inhabilitarle». Si Mas fuera imputado, como pide la Fiscalía, sería llamado a declarar, lo que con toda seguridad CiU aprovechará con fines electorales. De hecho, desde el 9-N, el líder de Convergència ha logrado girar las encuestas y reforzado su liderazgo, consiguiendo un alud de autoinculpaciones para poyarle.

En cambio, el caso Pujol sí que supone una enorme piedra en el zapato electoral de CiU. Primero por el impacto que entre los nacionalistas y pujolistas de toda la vida ha causado el hecho de que el padre de la patria confesara haber ocultado al fisco una fortuna durante tres décadas. Pero además, porque los que salieron del armario independentista con el expresidente de la Generalitat, puede que ahora se bajen de ese tren y también por el estropicio que ha causado en el partido, que está improvisando una refundación sobre la marcha y en tiempo récord y que el desfile de Pujol por los juzgados y por la comisión de investigación del Parlamento, entre enero y febrero, no hará si no ralentizar aún más.

-'Caso de los ERE': Los 'padres' de Susana Díaz

La vida judicial en Andalucía estará marcada un año más, y van cuatro, por los ERE fraudulentos pagados por la Junta. El caso ronda ya los 230 imputados y afronta en este 2015 un momento clave con la validación, o no, del Tribunal Supremo de la tesis sostenida por la juez Mercedes Alaya de que la cúpula del Ejecutivo diseñó el procedimiento para pagar ayudas al margen de cualquier control desde un fondo dotado inicialmente con 855 millones.

La causa sigue su curso y, lejos de cerrarse, Alaya parece extender las sospechas a otras empresas públicas. No obstante, la parte referente a la participación de los cargos públicos en la implantación de ese sistema inadecuado está ultimada, de ahí que en agosto pasado la remitiera al Supremo. Todo apunta a que en breves semanas el alto tribunal citará a declarar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a tres exconsejeros, que se han ofrecido voluntariamente a declarar. Se verá por tanto si, como sostiene el Ejecutivo autonómico y el PSOE, el sistema era válido pero tuvo un mal uso en la consejería de Empleo o, por el contrario, fue una decisión premeditada, como mantiene la juez, para dar ayudas a empresas afines a los socialistas.

De forma paralela, Alaya -que está pendiente de solicitar un traslado a la Audiencia de Sevilla- tiene aún que remitir al Tribunal Superior de Justicia Andaluz la parte referida a los otros aforados autonómicos que el Supremo rechazó por no ser su competencia, algo que todavía no se ha producido. En cualquier caso, la juez parece haber dejado la causa a medio gas, y se concentra ahora en otros procesos de igual o mayor calado, como el "caso Enredadera", que investiga cómo una empresa de servicios ambientales sobornó a funcionarios de media España para obtener contratas y financió a PSOE, PP e IU, y el supuesto fraude de los cursos de formación, que no obstante se investiga en otros siete juzgados andaluces y que alcanza también a un exconsejero socialista.

La decisión del Supremo sobre los expresidentes marcará la campaña de las municipales, aunque en el PSOE esperan que Chaves y Griñán no lleguen a ser imputados formalmente. Pero no es la primera vez que las citas electorales acaban marcadas por el caso de los ERE. El golpe más sonado llegó antes de las autonómicas de marzo de 2012, cuyo inicio de campaña coincidió con la declaración del principal implicado en el caso, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Cinco días antes de acudir a las urnas, su chofer aseguró a la juez que el dinero público defraudado se gastó en droga y fiestas. Pero pese al escándalo no hubo vuelco electoral.

-'Caso Pokemon': Galicia e Ignacio Diego

El mayor sumario por corrupción instruido nunca en Galicia, por el que la juez de Lugo Pilar de Lara ha imputado a un centenar de personas -entre directivos del grupo empresarial Vendex, políticos y funcionarios- confirma las graves acusaciones contra los gobiernos municipales d el PSOE en Lugo y Ourense y del PP en Santiago y La Coruña.

Los peor parados son el alcalde lucense, Xosé López Orozco, y el exregidor de Ourense, Francisco Rodríguez. Los pinchazos arrojan también graves sospechas de que supuestamente se amañaron concursos públicos en Ourense y que se preparaban maniobras similares en Santiago. Pero además de los imputados, los directivos de Vendex alardean en sus conversaciones intervenidas por Aduanas de los supuestos contactos mantenidos con otros políticos como el alcalde de La Coruña, Carlos Negreira; el exregidor socialista de esa ciudad Francisco Vázquez o el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro.

Pero la sorpresa de un caso que tiene en vilo al partido de Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta, en tanto en cuanto afecta a gobiernos municipales de primer orden para el PP, es la deriva del proceso a Asturias y Cantabria. El presidente de esa comunidad, el popular Ignacio Diego, está siendo investigando por el Tribunal Supremo después de que la jueza de Lugo viera indicios de cohecho en un regalo de una empresa de aguas implicada en la trama. Se trata de una estancia en un balneario a la que también fue invitado su actual consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez, cuando ambos estaban en la oposición. En el caso de Diego, el partido no ha confirmado todavía si repetirá como candidato en Cantabria. Al ser aforados nacionales les investiga el Supremo, como al portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro, peso pesado en los populares gallegos.