Los 41 imputados en Gürtel se enfrentan a 816 años de prisión

Los 512 folios del escrito de acusación de las fiscales del caso Gürtel, la operación destapada en febrero de 2009 y cuya primera parte de la instrucción concluyó en noviembre pasado, fue entregado ayer en el juzgado de la Audiencia Nacional. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral, cuando las partes acusadoras formulan sus peticiones de condena y las defensas reclaman la absolución de sus clientes.

Tanto el juez instructor Pablo Ruz como las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, consideran que en esta pieza de la trama, la primera época que va de 1999 a 2005, los papeles protagonistas estaban perfectamente adjudicados. Y no solo por los indicios contrastados y los delitos que se les imputa, sino por el volumen de años de condena que ahora les solicitan.

De los 816 años en total, la pena más alta que pide Anticorrupción es para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que podría ser condenado a 109 años y diez meses de cárcel -o 125 año de pena alternativa- por toda una ristra de delitos relacionados con la corrupción: asociación ilícita, fraude, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Correa, un joven de 14 años que comenzó de botones de un hotel de la plaza Callao de Madrid y luego pasó a una agencia de viajes, se convirtió en un empresario sobrevenido a mediados de los noventa cuando comenzó a prestar servicios para el PP gracias a sus amistades políticas. Su entramado societario creció al mismo ritmo que le caían a dedo los contratos y dejó la gestión diaria en manos de Pablo Crespo y de su contable de confianza, José Luis Izquierdo.

Para Crespo, el exsecretario de Organización del PP gallego, la Fiscalía reclama la segunda mayor pena, 85 años y medio de prisión. Mientras que a Izquierdo, el hombre al que la policía le requisó la famosa memoria electrónica que contenía los apuntes de la caja B y las identidades de los políticos -«tenemos un problema, el puto pen drive», se quejó Correa a su abogado días después de su detención-le piden 43 años y ocho meses de reclusión.

Las amistades peligrosas

De la relación de Correa con el área electoral, tesorería, gerencia y organización del PP trabó una buena amistad con el entonces gerente Luis Bárcenas y su jefe, Álvaro Lapuerta. Al primero, el único imputado en la trama Gürtel en prisión preventiva desde junio de 2013, las fiscales solicitan 42 años y medio de prisión por cinco delitos. Para Lapuerta, tres años, para el también extesorero Ángel Sanchis, ocho años, y nada menos que 24 años de cárcel para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

A Bárcenas también le acusan de apoderarse «como mínimo» de casi 300.000 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza. Sobre esta contabilidad paralela ajena al control oficial, el escrito de Anticorrupción señala que la caja B «se nutría de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».

El hombre del grupo Correa en Génova 13, sede nacional del PP, era Bárcenas; pero donde la trama obtuvo más réditos fue en dos ricos ayuntamiento del noroeste de Madrid, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Para el exalcalde Jesús Sepúlveda, exmarido de Mato, solicitan 15 años y cuatro meses por cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Por su parte, el exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega, alias El Rata, se enfrenta a 50 años y diez meses por los mismos delitos que su colega más asociación ilícita, prevaricación y blanqueo de capitales.

El exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, tiene encima de la mesa una petición de 46 años de cárcel por siete delitos. El que fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre tendrá que devolver a la administración regional más de 430.000 euros por el sobrecoste de las facturas que supuesamente se llevó a su bolsillo.