Alperi: «Es una brutal mentira, mis pobres hijas aún están pagando la hipoteca»

El informe policial por el que ha sido preguntado se encuentra en manos del juez Manrique Tejada, que investiga supuestas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en una pieza separada del 'caso Brugal', en la que están imputadas una veintena de personas, entre ellas Díaz Alperi, su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, y el propio Ortiz.

Según el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, el constructor pagó al ex primer edil en octubre de 2008 unos 174.000 euros para compensar la hipoteca de una de sus hijas por la compra de un bungalow. Se trata de Elisa Díaz, diputada autonómica por el PP, aunque los agentes sostienen que ella era ajena a esta "operación de cohecho".

Además, los investigadores sostienen que la esposa de Ortiz, María Manuela Carratalá, también imputada en la causa del PGOU, extrajo 60.000 euros en efectivo en julio de 2009 que después habría entregado al ya exalcalde alicantino. Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía en el marco de la 'Operación Brugal' revelan que los investigados se referían a esos supuestos sobornos en metálico como "bocadillos".

La UDEF también centra sus sospechas en una extracción en efectivo por importe de 150.000 euros realizada por personas del entorno del constructor y cuyo destino podría ser también Díaz Alperi. En total, la Policía considera constatadas dos "operaciones de cohecho" entre el exalcalde y el promotor por un importe cercano a los 230.000 euros, cantidad que podría incrementarse a cerca de 400.000 a medida que avance la investigación.

«¿Todo todo lo que diga la Policía va a misa»

"¿Solo 400.000 euros?", ha ironizado el también ex diputado autonómico por el PP al ser preguntado por esta cuestión. "Vaya por Dios. Eso es una barbaridad, es una brutal mentira y ya está bien, cada vez se van inventando cosas distintas los policías, ya está bien. No puedo luchar contra eso, me imagino que mienten porque les interesa quedar bien con ellos mismos. ¿Qué pasa, que todo lo que diga la Policía va a misa?", ha agregado.

Según el exregidor, sus "pobres hijas" todavía están "pagando la hipoteca" de sus viviendas y "con dificultades". Ha asegurado que jamás ha manejado cantidades como las que señala el informe policial que el constructor le pagó. "Que vean todos los movimientos de mis cuentas que quieran, es imposible. Yo no puedo probar que es mentira, tendrán que demostrar ellos que es verdad", ha defendido.

En esta línea, ha recordado que le han imputado "siete, ocho o nueve veces" y nunca ha sido condenado. De hecho, a los cinco meses de ser nombrado alcalde de Alicante ya se encontraba en esa situación. "Han pasado 25 años y todavía sigo imputado", ha lamentado luego, a la vez que insistía en sus acusaciones de falsedad contra la Policía Nacional.

Discusión con una asesora de EU

Antes de entrar el Consistorio para la toma de posesión de Valor, en la calle, el exalcalde ha tenido una pequeña discusión con una asesora del grupo municipal de EU, quien le ha afeado que tuviera "la poca vergüenza" de aparecer por la corporación después de "lo que está cayendo" y de cómo había gestionado el Ayuntamiento. El político del PP le ha contestado que no sabía de qué le hablaba y ha señalado que su gestión había sido "de puta madre".

Ya en el interior, y a preguntas de los periodistas, Díaz Alperi ha coincidido con Sonia Castedo en que "imputar es tremendamente fácil". Ha dicho comprender la decisión de dimitir de su sucesora, ya que resulta "muy duro estar aguantando permanentemente difamaciones, injurias y calumnias, ella tiene hijos pequeños y eso es algo que le puede haber afectado".

Previamente, la coordinadora general del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, había rehusado comentar a los periodistas el informe policial que atribuye el pago de sobornos al exalcalde alicantino. "Yo no comento pruebas ni informes policiales, que se tendrán luego que ratificar y demostrar en sede judicial. No es competencia nuestra valorar eso, sino dejar actuar a las instituciones y a la Policía para que aporten sus pruebas", ha precisado.

La también consellera de Infraestructuras tampoco ha querido pronunciarse sobre el hecho de que la Fiscalía considere que existen indicios para imputar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la compra de la empresa Valmor, ya que el PP había dicho "todo lo que tiene que decir" en la última sesión de control celebrada en Les Corts.