Melchor Sáiz-Pardo
Viernes, 9 de enero 2015, 09:37
El juez del caso Nóos, José Castro, ha dictado un auto en el que inadmite a trámite el recurso de apelación de la infanta Cristina contra su decisión de sentarla en el banquillo acusada de cooperadora necesaria de los delitos fiscales de Iñaki Urdangarin. El ... magistrado, como ya anticipó el pasado 22 de dicimbre en el auto de apertura de juicio oral, considera que esa decisión no es recurrible por los imputados porque esa resolución goza de "inmediata firmeza".
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En su recurso, Cristina de Borbón lanzó duros ataques a Castro por no aplicarle la doctrina Botín, que le hubiera salvado del juicio, e incluso llegó a acusar al magistrado de incurrir en "corruptelas" y en "fraude de ley".
Y ahora el juez responde a esos ataques de Miquel Roca, al que acusa de mentir sobre la obligación de aplicar la doctrina Botín en este caso. "La técnica es tan antigua como el ser humano. Se lanza una afirmación que no responde a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien dispuesta a asumirla sin comprobarla", le dice al abogado de Cristina de Borbón, al que también acusa de haber acudido "incansablemente" a los medios de comunicación para defender esa tesis.
Los letrados Miquel Roca y Jesús-María Silva, en su durísimo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma, llegaron a insinuar que el magistrado está prevaricando al haber incluido medidas cautelares (las fianzas) en el auto de apertura de juicio oral, vedando así poder recurrirlas, tal y como establece la ley.
Para la defensa de la hermana del Rey, la decisión de Castro de no dejar recurrir las fianzas al incluirlas dentro del auto que dice que no es apelable ante ninguna instancia no era más que "una corruptela de la interpretación del ordenamiento jurídico". Es más, Roca y Silva aseguraron sin ambages que el juez está cometiendo un "fraude de ley" al violar, con la no recurribilidad de su auto, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa (al vulnerarse los principios de audiencia y contradicción) y "la propia coherencia sistemática del ordenamiento jurídico procesal".
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Según la hija de don Juan Carlos, el magistrado solo busca la "la imposición de la perniciosa pena de banquillo". Y recuerdan los abogados que esta "pena de banquillo" es mucho más grave para la infanta que para el resto, pues afecta de modo "muy desigual a los acusados y que en el caso de mi defendida como es público y notorio, probablemente tiene unos efectos inigualables en el ámbito nacional".
Particularmente duros fueron los ataques por la negativa del juez a aplicar a la infanta la doctrina Botín que le hubiera salvado del banquillo, pues no le acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, las dos supuestas víctimas de los delitos fiscales de los que se le acusa. Roca llega a decir que Castro hace "una creación libre del Derecho" y "blindada al incluirla en el texto de un auto irrecurrible". Una nueva doctrina, según la infanta, no basada en el derecho sino en "fuentes periodísticas" y en los votos particulares en contra de la doctrina Botín.
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