Melchor Sáiz-Pardo
Lunes, 5 de enero 2015, 17:52
El Consejo General del Poder Judicial tumba el aspecto más polémico del Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) presentado por el Gobierno: las escuchas sin control judicial.
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El informe elaborado por los vocales Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael ... Mozo, y que será debatido el próximo 12 de enero un pleno extraordinario, afirma que la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa prevista para determinados casos, posibilidad que en su opinión plantea serias dudas de encaje constitucional.
Principales medidas
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- Fin macrojuicios.
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En principio, cada delito debe dar lugar a una instrucción independiente para evitar las grandes y largas causas.
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- Causas sin detenido.
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Las causas menores sin autor conocido no se judicializarán hasta que exista un sospechoso o detenido.
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- Límite de instrucción.
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La instrucción penal tendrá un límite de 6 meses para asuntos simples y de 18, prorrogables por igual tiempo, para investigaciones complejas.
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- Comunicaciones.
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La reforma amplía la posibilidad de escuchas y pinchazos con micrófonos, en internet y móviles así como el uso de instrumentos de seguimiento.
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- Conformidades.
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Facilita que el fiscal y el acusado alcancen conformidades sin llegar a juicio en delitos menores como el tráfico.
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- Nuevos recursos.
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Los procesos juzgados por primera vez en audiencias provinciales o en la Audiencia Nacional podrán revisarse ante un tribunal superior.
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- Traslación de fallos.
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Será el Tribunal Supremo el órgano que decida cómo se aplica una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afecte a España.
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- Comiso.
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Se facilita la recuperación de los bienes que corruptos y bandas han ocultado o transferido a terceras personas y se crea una oficina para ejecutar el comiso.
El texto remitido por el Gobierno prevé que, en caso de urgencia y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, la intervención de las comunicaciones podrá ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.
Los ponentes también señalan que, con el estado actual de la jurisprudencia, parece que lo más oportuno sería seguir el criterio del Tribunal Supremo y no exceptuar la asistencia letrada al detenido para la toma de muestras de ADN. No se aprecian motivos o circunstancias especiales que pudieran justificar una supresión de una garantía tan básica para el detenido como es la asistencia letrada para la práctica de dicha diligencia.
Por otro lado, el texto que estudiará el CGPJ considera positivo que el Anteproyecto regule por primera vez la utilización de SMS y otros datos electrónicos en las investigaciones y señalan que "debe elogiarse" que el prelegislador haya buscado establecer un régimen completo comprensivo de todas las medidas de investigación que comporten una injerencia en los derechos consagrados en el artículo 18 de la Constitución.
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