El juez resolverá en enero la petición de 11 etarras de acercarse a cárceles vascas

Los escritos ya los estudia el titular de ese juzgado de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Castro. Su intención es analizar «caso por caso» la situación penitenciaria de estos 11 presos y dictaminar en diferentes autos (resolución motivada) las peticiones de acercamiento. La Fiscalía también se pronunciará y a lo largo de enero se irán conociendo las resoluciones, según apuntaron las citadas fuentes.

Las quejas individuales de los reclusos se centran en la denuncia de la «vulneración de sus derechos» penitenciarios. Esto supone que se abre la vía judicial en la Audiencia Nacional en lugar del proceso administrativo en el que interviene Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

La segunda consecuencia judicial de la motivación de estos escritos es que, en caso de que el juez Castro desestime todos o parte de ellos, los previsibles recursos los verá la Sala Penal de la Audiencia Nacional y no la Sala Contencioso- Administrativo, que solo conoce las apelaciones contra las decisiones de la Administración Pública.

Algunos sectores de la Audiencia consideran que la competencia entre las salas es discutible y se trata de un movimiento del presidente del órgano Penal, Fernando Grande-Marlaska, para tener la última palabra. Precisamente, será la Sección Primera, el tribunal de tres magistrados presidido por el propio Grande-Marlaska, quien resuelva los recursos si el juez de Vigilancia Penitenciaria desestima los escritos en primera instancia.

No obstante, el magistrado José Luis Castro se caracteriza por mostrarse comprensivo con la concesión de beneficios cuando el condenado elige la vía del perdón y del arrepentimiento, o en un supuesto extremo cuando se trate de una persona con una enfermedad terminal. La experiencia de Castro es un grado, ya que lleva más de 22 años en juzgados de vigilancia de los penados.

Llegar a Estrasburgo

En el caso de los cerca de 400 presos de ETA repartidos en cárceles de fuera del País Vasco, uno de los caminos más beneficiosos para los arrepentidos fue la denominada 'vía Nanclares' impulsada por Instituciones Penitenciarias. Fue un proyecto de reinserción que en la práctica supuso el acercamiento de un grupo reducido a la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), ahora Zaballa. Sin embargo, esta vía avalada luego por los tribunales «está muerta», según aseguran las fuentes consultadas, ya que no se acogieron tantos etarras como se preveía.

Ahora la estrategia penitenciaria no parte del Gobierno, sino de los abogados de los presos. Estos pretenden poner la primera piedra para acabar con la dispersión y pleitear en la Audiencia Nacional, luego ante el Tribunal Constitucional e incluso llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un camino similar al que llevó a la anulación de la 'doctrina Parot', aunque para ello se tardara siete años, afirman las fuentes jurídicas preguntadas.

A mediados del pasado noviembre, los letrados de los reclusos de la banda confirmaron que emprenderían la vía judicial para conseguir el acercamiento después de que ya lo hicieran sin éxito ante las cárceles. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, consideró entonces que este anuncio, en caso de cumplirse, sería «un paso positivo» tres años después de que ETA abandonara su actividad armada.

Esta estrategia de los presos etarras tiene su origen en la declaración que el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) hizo el 28 de diciembre del año pasado. Aquel día reconocieron «con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados» por sus acciones y anunciaron estar dispuestos a un proceso «escalonado» e «individual» que se llevara a cabo en un «tiempo prudencial». Así, se pasó de pedir la amnistía total para los reclusos a admitir que cumplirán sus condenas.

El proceso se puso en marcha en marzo, cuando empezaron a enviar cartas a los directores de los centros penitenciarios. El objetivo era que primero lo hicieran los presos enfermos y los de más de 70 años, posteriormente los que llevan más de 20 años en prisión junto a los dirigentes del colectivo de presos y más tarde quienes llevan menos de dos décadas.

En el primer grupo estaban etarras del EPPK (no arrepentidos) como Josetxo Arizkuren Ruiz e Inmaculada Berriozabal Bernas, presos en Pontevedra, Gari Arruarte Santa Cruz (Almería), Iñaki Etxeberria Martín y José Miguel Etxeandia Meabe (Salamanca) o Ibón Iparragirre (Madrid).