El juez cita como imputado a Oriol Pujol para enero por otro caso de cohecho

La Fiscalía ha pedido la nueva imputación de Oriol Pujol por cohecho, en una derivada de la trama de las ITV, ante los indicios de que entre 2008 y 2012 cobró, supuestamente, 500.000 euros de comisiones por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de un empresario amigo. Además de a Oriol Pujol, la juez interrogará el próximo mes de enero a su esposa, Anna Vidal, y al empresario e íntimo amigo del exdiputado de CiU Sergi Alsina, estos dos últimos ya imputados en la causa de las ITV, en la que Oriol Pujol está acusado de intentar amañar el mapa de inspección de vehículos en Cataluña.

En su escrito presentado ante la juez, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado mantiene que Oriol Pujol, a través de su esposa, cobró presuntamente comisiones ilegales para que intercediera ante cargos de la Generalitat, de la Agencia Tributaria y alcaldes para beneficiar determinados proyectos empresariales, entre ellos las reconversiones industriales de Sharp, Sony y Yamaha. Concretamente, el fiscal sostiene que entre el último trimestre de 2010 y marzo de 2011 Alsina fue requerido por varias empresas para realizar "labores de intermediación en operaciones mercantiles en Cataluña", en los que el empresario "contrataba aparentemente los servicios de la imputada Anna Vidal en concepto de asesoría, retribuyéndose generosamente".

Sin embargo, mantiene el ministerio público, los servicios que realmente pagaba Alsina era "los prestados por Oriol Pujol, quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio" y de los otros dos imputados. De este modo, añade el fiscal Anticorrupción, Alsina "contaba con un indudable apoyo político en el Parlament y en el Gobierno de la Generalitat" a través de Oriol Pujol, que presuntamente recibía "retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de su mujer por una labor de asesoramiento ficticia". Entre los años 2008 y 2012, sostiene el ministerio público, Vidal facturó cerca de 500.000 euros a las empresas de Sergi Alsina con las que supuestamente simuló la existencia de una relación contractual, "con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol".

En opinión del fiscal, entre las intervenciones que Oriol Pujol tuvo a favor de su amigo Sergi Alsina figuran gestiones relacionadas con la venta de la planta de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), así como en el traslado de activos de Sony. En el caso de Sony, sostiene la Fiscalía, Oriol Pujol contrató "al menos con el director de la Agencia Tributaria Catalana a fin de obtener beneficios fiscales para la operación", en la que Alsina ganó 3,7 millones de euros por servicios de asesoramiento a la compañía automovilística. Oriol Pujol, según la Fiscalía, también intervino en la operación de traslado de activos de la planta de Yamaha, "mediante contactos con altos cargos del Departamento de Industria, así como con el director de la Agencia Tributaria Catalana".

Contactos

Otra de las intervenciones del exdiputado de CiU que ve sospechosa la Fiscalía está vinculada con las negociaciones para la venta de la empresa Sharp, en la que Pujol participó -según el ministerio público- "hablando con los dueños de Cirsa, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat y al director de la Agencia Tributaria Catalana, así como a altos cargos del Departamento de Industria". En ese caso, sostiene el ministerio público, Pujol actuó "coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi Alsina e incluso fijando la estrategia de comunicación para el éxito de la operación".

Asimismo, el ministerio público cree que Oriol Pujol hizo gestiones a favor de la creación de un parque de proveedores del sector de la automoción en el polígono Can Serra de Sant Esteve Sesrovires y para la promoción de una "Campa" de automóviles lo más próxima posible a las instalaciones de Seat en Martorell (Barcelona). En esas operaciones, el fiscal cree que Pujol intermedió ante el alcalde de Martorell para la recalificación de terrenos para uso industrial en las proximidades de Seat, así como en la adjudicación mediante concurso público restringido de la explotación de la "Campa".