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Melchor Sáiz-Pardo
Lunes, 15 de diciembre 2014, 13:02
Los representantes legales de la infanta Cristina han consignado en los juzgados de Palma los 587.413,58 euros que la Fiscalía le reclama como responsabilidad civil por haberse lucrado de los fraudes a Hacienda de su marido en los IRPF de 2007 y 2008.
La defensa de la imputada pretende que ese gesto convenza al juez José Castro para sacarla de la causa, en la que no le acusa la Fiscalía. El magistrado tiene previsto hacer público el escrito de apertura de juicio oral antes de Navidad.
La situación procesal de Cristina de Borbón hasta ese día seguirá siendo confusa a pesar de abonar la responsabilidad civil, dado que, aunque Anticorrupción no le imputa delito penal alguno, sí que la acusación popular, Manos Limpias, le reclama ocho años de cárcel como cooperadora necesaria (no solo beneficiaria) de los dos delitos de su cónyuge. Si el magistrado permite al sindicato acusar (a pesar de la doctrina Botín) la hija de don Juan Carlos se sentará en el banquillo.
La Agencia Tributaria sostiene que dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF del imputado en 2007 y 155.138 euros en 2008 porque Urdangarin no declaró sus trabajos personales de asesoría a multinacionales sino que los tributó a través de Aizoon, la empresa que comparte con la infanta, para lograr un tipo impositivo mucho menor.
La defensa de Cristina de Borbón anunció la pasada semana que iba a ingresar el dinero que le reclamaba el fiscal tras reclamar que al juez José Castro que sobresea la causa en lo que se refiere a la hermana de Felipe VI.
La pasada semana, Miquel Roca, basándose en que el fiscal ha pedido que se archive la imputación de la infanta y que la Abogacía del Estado tampoco formula ninguna acusación contra doña Cristina, consideró que "no hay motivo" para que la hermana del Rey se siente en el banquillo de los acusados. "Ni el fiscal ni la abogacía del Estado mantienen ningún tipo de acusación penal contra la infanta. En buena ley debería aplicarse lo que la ley prevé en estos casos, y que, pedido el sobreseimiento (por parte del fiscal), el juez lo acordará y, por lo tanto, estamos en la confianza de que, en buena ley (el juez) procederá al sobreseimiento", indicó entonces.
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