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Melchor Sáiz-Pardo
Miércoles, 10 de diciembre 2014, 14:56
El letrado Miquel Roca, defensor de la infanta Cristina, ha presentado al juez del caso Nóos, José Castro, un escrito en el que reclama el sobreseimiento de la actuaciones contra su cliente al no haber formulado acusación contra ella la Fiscalía ni la Abogacía del ... Estado (representante de la Agencia Tributaria en este proceso). "Sobre esta base pedimos explícitamente el sobreseimiento al amparo del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que según el letrado, fija que cuando no hubiere acusación pública ni particular el juez acordará el sobreseimiento. Ello, afirma Roca, con independencia de la 'doctrina Botín', que en todo caso es "a mayor abundamiento" en lo que propugna ese artículo.
Roca ya anunció ayer que la hermana del Rey los 587.413 euros de responsabilidad civil que le reclama Anticorrupción por ser responsable «a título lucrativo» de los delitos fiscales en 2007 y 2008 de Iñaki Urdangarin.
Una maniobra, según admitió sin ambages el propio Roca, encaminada no tanto a reparar el daño, como exige la ley para buscar eximentes, sino a evitar que su cliente se libre del banquillo. Y eso -entiende el letrado- porque el pago de esa cantidad «deja extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal». Algo que, ni mucho menos, queda claro, porque el anuncio de que la hermana de Felipe VI se aviene a restituir -en su nombre y en el de su marido- el dinero que Hacienda dejó de ingresar más la correspondiente multa no convence a la acusación popular. Aunque ni Anticorrupción ni la Abogacía del Estado -representante de Hacienda- le imputan delito penal alguno, Manos Limpias sí que reclama ocho años de cárcel a la duquesa como cooperadora necesaria (no solo beneficiaria) de los dos delitos fiscales de su cónyuge. Y el sindicato no está dispuesto a dar su mano a torcer, más allá de rebajar un máximo de dos años a la infanta por haber intentado reparar el daño, aunque sea de forma tardía.
La Agencia Tributaria sostiene que dejó de ingresar 182.005 euros de IRPF de Iñaki Urdagarin en 2007 y 155.138 euros en 2008 porque el imputado no declaró sus trabajos personales de asesoría a multinacionales sino que los tributó a través de Aizoon, la empresa que comparte con la infanta, para lograr un tipo impositivo mucho menor.
El futuro procesal de la hija de don Juan Carlos, por tanto, estará en manos del juez José Castro, quien pretende dictar el auto de apertura de juicio oral antes de finales de este año. En ese documento, que solo es recurrible por las acusaciones y no por los imputados, el magistrado decidirá si considera que el pago de esos 587.413 euros -que según Roca la todavía imputada pagará con unas «pólizas» que tiene hace «mucho tiempo»- es suficiente para eximir a la infanta del banquillo o si, por el contrario, la mantiene como imputada con la única acusación de Manos Limpias y descartando, por ende, la aplicación de la denominada 'doctrina Botín'.
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