Las recetas anticrisis de Podemos: ¿utópicas o viables?

Renta básica

A pesar de haber sido matizada y reconvertida en una renta mínima para aquellas personas sin ingresos, sigue sin convencer a los expertos. "Es una utopía. Si se da una renta básica equivalente a un salario mínimo, esa persona para qué va a querer trabajar", argumenta el economista José Ramón Pin, profesor del IESE Business School. Sin embargo, otros expertos consideran que la propuesta tal y como se recoge en el documento no es ninguna novedad. "Lo que proponen es algo similar a lo que ya existe en alguna comunidad autónoma", señala Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis. En su opinión el problema es que, como ha denunciado el Comité Europeo de Derechos Sociales, no se está garantizando esa renta básicas de inserción.

Jornada 35 horas

Es una medida inspirada en la reforma llevada a cabo en Francia por el Gobierno socialista en 1998. La idea consiste en reducir la jornada y repartir más el empleo. "Puede dar buenos resultados si se realiza de forma gradual", asegura Antonio González, aunque reconoce que su impacto en el empleo es positivo pero limitado. Una percepción con la que coincide el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga, para quien no se trataría de una "medida de choque" para combatir el paro. Además, algunos expertos advierten sobre los perjuicios que provocaría en la competitividad de las empresas. "Si se reduce la jornada laboral pero se mantienen los sueldos, aumentarán los costes laborales de las empresas. Esto las hará menos competitivas", asegura José Ramón Pin.

Aumento salarial

Podemos propone incrementar los salarios para reactivar el consumo. Una medida que los expertos consideran contraproducente si se realiza de forma generalizada. "Los aumentos salariales deben estar ligados a la productividad", asegura el economista y profesor de Esade Pedro Aznar, en la línea con lo manifestado por el Banco de España. Sin embargo, otros economistas, como Antonio González, recuerdan que la devaluación salarial solo ha servido para "hundir" la demanda interna. Por eso, en su opinión, hay que ir a una "política de crecimiento de salarios", aunque reconoce que debe ir acompañada de "más productividad y crecimiento".

Jubilación 65 años

Es la medida que más rechazo presenta entre los expertos. "Esto va en contra de lo que se ha hecho en toda Europa", asegura Pin. "¿Cómo se financia?", se pregunta. Para Ruesga, que participó en el comité de sabios para la reforma de las pensiones del PP y votó en contra, adelantar la edad de jubilación a los 65 años tiene un coste económico en la financiación de las pensiones de alrededor del 1% del PIB. "Prefiero que se aumente la edad de jubilación con flexibilidad", explica. En su opinión, si se retrasa la edad de jubilación solo hay dos posibilidades: o se reducen las cuantías de las pensiones o se aumenta la presión fiscal. Por su parte, Aznar considera esta medida "un sinsentido" y recuerda que ya existe un problema para financiar las pensiones: "Tenemos un problema para pagar las pensiones de los que ahora tiene 45-55 años.

Empleo público

El documento aboga por potenciar el empleo público y uno de los autores del texto, Vincenç Navarro aseguró que si 1 de cada 4 empleos fuesen públicos se crearían 3 millones de puestos de trabajo. Una afirmación que no convence a los expertos. Ruesga no considera que el problema en España sea de empleo público e insiste en la dificultad para financiarlo. Por otro lado, José Ramón Pin advierte de que un aumento del empleo público solo se financiaría mediante un incremento de los ingresos públicos vía impuestos. "Ellos dicen que pagarán más los ricos. Pero los ricos aprietan un botón y se van de aquí. Al final pagarán más las clases medias". Además, Aznar recuerda que en España lo que hace falta es "racionalizar las administraciones públicas". Incluso quienes se muestran más a favor de la medida, como Antonio González, reconocen que es una vía para crear empleo a largo plazo, a 15 o 20 años vista.

Banca pública

"Es perfectamente posible. El ICO ya puede recibir dinero del BCE, pero no se está utilizando", asegura González. De hecho, este miembro de Economistas Frente a la Crisis recuerda que durante los años ochenta y principios de los noventa hubo banca pública en España que funcionó bien. Y pone el ejemplo de Argentaria. Para Ruesga, esta es una medida "interesante" y recuerda que el ICO ya recibe dinero del BCE pero condicionado a prestarlo a través de bancos privados. Pero también hay detractores. "La banca pública siempre es más ineficiente que la privada", explica Pin. Este economista asegura que al no tener que rendir cuentas ante los accionistas "puede quebrar". Es lo que pasó en las Cajas de Ahorro. También rechaza la idea de derecho al crédito. "¿Eso significa que si alguien no es solvente hay que darle un crédito?", se pregunta.

Reestructuración de la deuda

Es una de las medida que más matices ha sufrido en los últimos meses. Y es que Podemos ya no habla de impago de la deuda ilegítima, sino de reestructuración. Algo que los expertos ya no ven tan descabellado. "Si se haba de alargar los plazos de vencimiento y reestructurar los tipos de interés, creo que es bastante razonable. La quita depende de la negociación con los acreedores", asegura González. En cualquier caso, este experto sostiene que debe plantearse en el marco de la UE. "Un país en solitario no puede hacerlo. Debe consensuarse, de lo contrario genera pánico", insiste. Una opinión que comparte Ruesga: "Si es pactada no hay nada nuevo. Se ha hecho muchas veces. El problema es si se hace unilateralmente como ocurrió en Argentina".