El Gobierno muestra su «total desacuerdo» a la excarcelación de etarras

Sáenz de Santamaría se ha mostrado contundente a la hora de criticar la decisión adoptada por la Sección Primera de la Audiencia Nacional, pese a subrayar en un primer momento el "respeto" del Poder Ejecutivo hacia las resoluciones de los tribunales. "Los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco", ha sentenciado.

La decisión la tomaron los jueces de la sección primera de la Sala de lo Penal en contra del criterio de la Fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda. La vicepresidenta ha reconocido que es "más difícil" respetar o entender las resoluciones judiciales cuando hay "criterios diferentes" entre secciones y ha respaldado por ello el criterio de la Fiscalía de recurrir la decisión ante el Supremo. "La Ley dice que esto no se puede hacer", ha recordado Sáenz de Santamaría, quien ha querido mostrar su apoyo a las víctimas de ETA: "Nos llena de desazón que ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles", ha remachado.

La polémica aplicación de la normativa europea

El histórico dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, alias 'Santi Potros' abandonó ayer la cárcel de Alicante II de Villena, después de que la Audiencia Nacional decretara su excarcelación y la de otro miembro de la banda, Alberto Plazaola Anduaga. En ambos casos, el tribunal aplicó el descuento de penas dictadas en Francia, de acuerdo con una normativa europea, cuya interpretación ha provocado diferencias de criterio en este órgano judicial.

Considerado exjefe del aparato militar de ETA aunque posteriormente se desvinculó de la banda, 'Santi Potros' fue condenado, entre otros, por el atentado de Hipercor en 1987, y en el que murieron 21 personas. Tras serle aplicada la 'doctrina Parot', tenía fijada su fecha de excarcelación en el 2025. Por su parte, Plazaola cumplía una condena de 36 años de cárcel en Teixeiro (La Coruña) por un delito de estragos y otros dos de asesinato frustrado tras colocar una bomba en 1987 en un bar de Guipúzcoa.

Medio centenar de presos etarras que llevan encarcelados una media de 24 años y han sobrepasado en un promedio de tres años y medio su estancia en la prisión después que se les aplicara ese criterio podrían presentar recursos para su puesta en libertad acogiéndose a la decisión de las autoridades judiciales europeas.