Ruz cree que Mato se lucró de la red 'Gürtel'

Además de las 43 personas contra las que dirige el procedimiento, el juez considera a Ana Mato y Gema Matamoros partícipes a título lucrativo por el beneficio que pudieron haber obtenido por los hechos delictivos atribuidos a los imputados Jesús Sepúlveda, exmarido de Mato y exalcalde de Pozuelo, y Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. En la misma condición de partícipe a título lucrativo se mantiene al Partido Popular.

El juez considera que Ana Mato deberá sentarse en el banquillo de los acusados no como acusada, sino como responsable civil, por lo que quedará en manos del tribunal juzgador decidir en las cuestiones previas de la vista oral si tiene que asistir, declarar en una de las jornadas o solo su representante legal. Ruz cifra en 31.000 euros el dinero en desplazamientos del que pudo beneficiarse la familia Sepúlveda-Mato.

En su escrito el magistrado acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en esta pieza ('Epoca I, 1999-2005') para el exministro Ángel Acebes Paniagua, Julia López Valladares y Carlos Ignacio Hernández Montiel. En el caso de Acebes, fuentes judiciales han confirmado que sigue imputado en la 'caja B' por apropiación indebida.

Este auto de modificación a procedimiento abreviado equivaldría al procesamiento en un proceso instruido como sumario. Es el momento procesal en que el juez recaba todos los indicios, individualizados para cada imputado, por los que entiende que en este caso 43 personas deben sentarse en el banquillo por hechos cometidos por la trama 'Gürtel' durante los primeros años y en operaciones que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León, Madrid (Ayuntamiento de Madrid, Pozuelo y Majadahonda) así como la localidad malagueña de Estepona.

Orígenes de la trama

A lo largo de 205 páginas de auto , que pone fin a la parte de una investigación que arrancó en febrero de 2009 con el juez Baltasar Garzón, Ruz contextualiza toda una operativa desarrollada en torno a Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la red, en donde durante años lideraron un entramado societario con la participación entre otros de dos extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y del contable de Alianza Popular Ángel Sanchís, los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, el exsenador Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios. Se trata, dice el juez, de un "grupo jerarquizado y con una estrategia coordinada".

El auto relata que Francisco Correa, que comenzó su actividad con 14 años como botones turístico, terminó siendo el máximo responsable de la organización con Pablo Crespo actuando bajo sus órdenes y ejecutando las directrices marcadas por Correa.

El juez se remonta a los años 90, cuando Correa comienza a desplegar su actividad laboral a través de sociedades con personas de su máxima confianza que actuaban de administradores y le gestionaban el patrimonio para ocultar la titularidad real de sus bienes. La red de Correa se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del Partido Popular, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el PP para conseguir adjudicaciones públicas.

El entorno de Correa se encargaba, según explica Ruz, de entregar dádivas en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían para favorecerle en la obtención de negocios para sus empresas.

Paralelamente a la estructura societaria en España, los imputados tejieron otra en el exterior para ocultar y transformar el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas, ocultando a la Hacienda Pública su verdadero patrimonio y el origen del mismo.