La Audiencia da un plazo de 5 días a Carlos Fabra para entrar en prisión

La semana pasada, el Gobierno de España anunciaba que le denegaba el indulto y la única forma de que pueda seguir en libertad se limita tan sólo a que el juzgado de Castellón le concediera un nuevo aplazamiento mientras el Tribunal Constitucional resuelve el último recurso interpuesto por la defensa de Fabra.

Un aplazamiento que sería «insólito» según señalaban hace unos días varias fuentes jurídicas consultadas pero que es viable después de que el juzgado que le condenó se lo concediera hace unos meses a la espera del indulto.

Junto a Carlos Fabra, el Gobierno dejó también fuera de la gracia del indulto al abogado José María del Nido, condenado a siete años de prisión por el 'caso Minutas', como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y a cinco años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de no tener carácter público. El expresidente del Sevilla ingresó en prisión el pasado mes de marzo para cumplir condena después de que en diciembre, la Sección Tercera de Málaga declarara firme la sentencia del Supremo en la que fue condenado.

La decisión del Ejecutivo central ya la tenía clara Carlos Fabra ya que en varias ocasiones se mostró pesimista en cuanto a la concesión del indulto. Tras conocer por los medios la decisión, Fabra aseguraba que ya «esperaba» la noticia en declaraciones a la agencia Efe. Lo hacía tras varias declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien había mostrado su disconformidad en otorgar la medida de gracia a condenados por corrupción.

El expresidente de la Diputación dijo ayer que él no está condenado por corrupción, sino por un delito fiscal. Carlos Fabra fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales pero el juzgado le absolvió de todo salvo de defraudar a Hacienda y, por ello, le condenó a cuatro años de prisión y una multa de 1,4 millones por responsabilidad civil y como multa a Hacienda. Una condena que fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio.