Los ERE, el precio para el PSOE por la paz social

«El pago de la paz social fue un cáncer», reprochaba recientemente IU. A mediados de los noventa, los gobiernos de Manuel Chaves pusieron en marcha una serie de políticas de empleo para rescatar a empresas en dificultades y socorrer a trabajadores despedidos con difícil reinserción laboral. Fueron años muy conflictivos laboralmente por la crisis económica y en los que eran habituales las imágenes de los puentes cortados con neumáticos en llamas y tornillos volando a la entrada de las factorías de astilleros de Cádiz y Sevilla o ante las puertas de una Santana Motor en Linares, Jaén, con serias dudas de viabilidad. A esto se sumaban las dificultades de un PSOE acorralado en el Parlamento andaluz por la pinza entre PP e IU, que incluso obligó a un adelanto electoral.

Para reducir los conflictos y no perder el apoyo de las bases que sostenían las mayorías absolutas, la Junta de Andalucía optó por el camino del «bolsillo roto», como lo calificó IU en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad para justificar que de aquellos polvos vinieron estos lodos. A saber, un Gobierno cuestionado, dos expresidentes a punto de desfilar por el Tribunal Supremo, empresarios presos y unos sindicatos debilitados.

El negocio de los trámites

El Gobierno andaluz sufragó expedientes de regulación de empleo en los que se colaron intrusos; se concedieron ayudas directas a muchos empresarios, algunos afines al PSOE, y las mediadoras acabaron convirtiendo en un negocio la tramitación de estas ayudas merced a las jugosas sobrecomisiones que se embolsaron. Por si fuera poco, se fomentó la colaboración entre instituciones, empresarios y sindicatos con los pactos de concertación bianuales que, en la práctica, significaba ungir a estos últimos con grandes cantidades de dinero en concepto de ayudas finalistas a la formación para la reinserción de los parados. Un modelo que, además de romperse en el momento en que dejó de manar el dinero o se le reclamó a UGT por no justificarlo, también está en los tribunales por el cúmulo de irregularidades detectadas.

Para la juez Mercedes Alaya, el apaciguamiento laboral fue una mera excusa para hacer «proselitismo político» y crear una «red clientelar» a favor del PSOE durante años, según detalló en su exposición razonada al Supremo. Y todo mediante la «decisión política» del Gobierno andaluz encabezado por Manuel Chaves y del que formaban parte Gaspar Zarrías, en Presidencia, José Antonio Viera, Empleo, y más tarde José Antonio Griñán, en Hacienda, y Mar Moreno, Presidencia, para implantar un sistema de dar las ayudas eludiendo los controles de la Intervención, «una auténtica subversión del ordenamiento jurídico», según la juez.

La instructora de la Audiencia Provincial de Sevilla no deja lugar a dudas acerca de que el Ejecutivo andaluz prefirió «apostar por el compromiso político de la paz social antes que por el cumplimiento estricto de la legalidad». Una máxima que se mantuvo incluso en pleno escándalo judicial, cuando en 2012 y ya con una coalición entre PSOE e IU, el Gobierno autonómico legalizó mediante decreto ley las cuestionadas prejubilaciones concedidas desde el año 2000 mediante ayudas ilegales para poder seguir pagándolas. Se trató de hacer un «borrón y cuenta nueva» para reconocer los derechos de cobro de los prejubilados y garantizarle las prestaciones.

Las ayudas laborales ya concedidas, que se debían haber regido por la normativa de subvenciones, se mantuvieron, pero pasaron a convertirse en asistenciales, gestionadas con otros criterios, con lo que se puso fin al ya famoso fondo de reptiles. Se evitó así el conflicto que podía haber supuesto considerar ilegales todas las ayudas que salieron de esa partida 31-L mediante transferencias de financiación, y que, como se han cansado de repetir los dirigentes socialistas y de la Junta, muchas no suponían irregularidad alguna.