Condenan a 4 años al exedil del GIL que estuvo fugado 5 años por el caso Malaya

Lendínez ha sido condenado además por un delito de prevaricación administrativa a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años y se decreta la nulidad de un convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos, según la sentencia, que consta de 288 folios, a la que ha tenido acceso Efe.

El que fuera concejal en Marbella de 1999 a 2003 fue detenido en octubre del pasado año en el aeropuerto de Barajas cuando, tras introducir sus datos en el sistema, se avisó a las fuerzas de seguridad de que se trababa de un fugitivo.

Por el delito continuado de cohecho pasivo también se le condena a una inhabilitación para empleo o cargo público de cinco años y una multa de 24.000 euros y por el delito de fraude la inhabilitación se fija en ocho años.

El tribunal lo absuelve de malversación de caudales públicos, y de la apropiación indebida propuesto con carácter alternativo, y se acuerda el decomiso del dinero intervenido en el domicilio del procesado.

Respecto a la nulidad del convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos suscrito el 20 de septiembre de 2002, se recuerda en el fallo que fue firmado por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, y la entidad CCF21 Negocios.

En los hechos probados se dice que Jesús Gil entró a gobernar en Marbella en 1991 con "una amplia mayoría absoluta" y que se exigía dinero a los promotores "como mecanismo ordinario de acceder a determinados acuerdos o resoluciones administrativas del Ayuntamiento", por lo que se vició por completo la conducta de los concejales.

Lendínez fue miembro del equipo del GIL hasta que la moción de censura contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz lo apartó del poder en agosto del 2003, momento en el que se mantuvo en la oposición.

Tras el arresto de Lendínez, aún están en situación de busca y captura por el caso Malaya el exconcejal marbellí Carlos Fernández y el empresario José Manuel Llorca.

En la sentencia se considera acreditado que Lendínez era uno de los destinatarios de "sobres" y se le identificaba con las iniciales de sus apellidos "LB" en los archivos informáticos localizados en la empresa Maras Asesores.

El tribunal destaca que la mayoría de los concejales procesados, "por no decir la totalidad de ellos", incluido Lendínez, han argumentado que no tenían conocimientos urbanísticos y que se limitaban a aprobar convenios que estuviesen favorablemente informados por los asesores.

Para la Sala tal argumento exculpatorio no tiene acogida, ya que no se juzga si tenían o no conocimientos, sino que se "concertaron" con el "cerebro" de la trama, Juan Antonio Roca, para allanarle el camino de sus actividades y negocios urbanísticos ilícitos.

A cambio percibían "unas elevadas cantidades económicas que a título de dádiva les ofrecía aquel", previo pago de los empresarios.

Al condenado también se le atribuye la recepción de 12.000 euros en sobres a su nombre y durante el registro de su domicilio, en junio de 2006, se localizaron 5.200 euros en efectivo, procedentes de tales cobros.