La Fiscalía pedirá medio millón de euros a la infanta Cristina por «lucrarse» en Nóos

Se trata del dinero que, según los cálculos del Ministerio Público, el matrimonio distrajo para gastos personales (sobre todo la reforma del famoso palacete de Pedralbes) desde Aizoon, la sociedad familiar usada para desviar dinero público desde el Instituto Nóos y para que Urdangarin tributara fraudulentamente a un tipo impositivo más bajo.

Además, Horrach reclamara que la duquesa de Palma, si no finalmente no se sienta en el banquillo, declare como testigo para explicar esos gastos y su papel en Aizoon.

La tesis que mantendrá Anticorrupción en su escrito de acusación, es que la presencia de la infanta en Aizoon no fue casual, sino fruto de la petición expresa de Urdangarin que usó a su mujer como cobertura de bloqueo ante cualquier incidencia futura. Eso sí, Cristina de Borbón accedió a participar en la sociedad por la confianza que le ofrecían su cónyuge y sus asesores fiscales, sin ser consciente del objetivo último de su presencia.

La justificación de Horrach para reclamar este dinero es que la hermana del Rey, aun en el caso de que ella no fuera procesada o condenada por delito alguno pues nunca, según su planteamiento, controló ni administró Aizoon, sí que sería beneficiaría a «título lucrativo» de los fondos malversados. De hecho, el sumario del 'caso Nóos' está plagado de facturas y documentos que prueban que la infanta, que hasta tenía una tarjeta Visa Oro a nombre de la inmobiliaria ficticia, pagó con dinero de Aizoon todo tipo de gastos privados, desde fiestas familiares hasta viajes, estancias en hoteles, comidas, regalos o cursos de baile.

Horrach, que a diferencia del juez José Castro no ve delito fiscal en la actuación de la infanta, comparte con el instructor de la causa el criterio de que a la duquesa de Palma se le podría aplicar el artículo 122 del Código Penal, que dice «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».

Responsables de la Fiscalía explicaron que el Tribunal Supremo ya ha fijado en varias sentencias una doctrina muy amplia sobre la «restitución del daño por participación lucrativa» en la que encajaría «perfectamente» el caso de la infanta, aunque ignorara que el dinero procediera de un hecho delictivo y aunque no se le pueda considerar cómplice del delito.