Los trampantojos de la independencia

Estos trampantojos se han incorporado al lenguaje cotidiano de los ciudadanos y han ganado espacio en los medios de comunicación hasta conseguir que su utilización sea algo habitual y normal.

El engaño lingüístico más flagrante quizá sea el derecho a decidir. Un concepto inatacable en términos democráticos porque ¿qué hay más democrático que una persona pueda elegir cuál quiere que sea su futuro? El derecho a decidir, sin embargo, oculta el ejercicio del derecho de autodeterminación, un concepto que apenas se ha escuchado a los dirigentes de las fuerzas soberanistas catalanas. Artur Mas nunca lo ha citado, como nunca ha salido de su boca el término independencia. Ha hablado de ella a través de todo tipo de trucos y recovecos semánticos, pero no ha llamado al pan, pan y al vino, vino.

El derecho de autodeterminación está ausente del discurso político catalán porque de acuerdo con la legalidad internacional es un derecho aplicable solo a las colonias respecto a la metrópoli, pero no lo pueden ejercer los territorios componentes de un mismo estado. El presidente catalán y los líderes independentistas han evitado su utilización y han cubierto el hueco con el derecho a decidir. Una fórmula verbal que ha hecho fortuna y su empleo se ha generalizado incluso entre los ciudadanos y las fuerzas políticas contrarias a su ejercicio.

Las elecciones plebiscitarias son otro engaño. «Yo no sé qué es eso», comentaba hace unos días el líder del PSC, Miquel Iceta. La idea de los impulsores del concepto es que los ciudadanos van a votar la independencia a través de una lista electoral determinada. Un plebiscito se organiza en torno a una persona y no hay más candidatos donde elegir. Es una elección sobre uno, muy alejado de lo que se va a producir en Cataluña, donde habrá unos comicios autonómicos anticipados con múltiples opciones en las urnas. Las elecciones plebiscitarias de las que hablan Mas y Oriol Junqueras son, en definitiva, un nuevo sucedáneo del referéndum, como la consulta descafeinada del 9-N.

Madrid es un trampantojo generalizado. Se usa en Cataluña, pero también en el resto de las autonomías como sinónimo de Administración General del Estado o para referirse a las decisiones que toman el Gobierno central y las entidades públicas con sede en la capital. Madrid es algo muy distinto a las instituciones que alberga, es una ciudad con cuatro millones de habitantes que nada tienen que ver con lo que deciden los gobernantes de España, los legisladores nacionales y los jueces de las más altas instancias. Su utilización tiene además un tinte despectivo hacia sus moradores, como si fueran corresponsables de esas decisiones que perjudican o van en contra de los intereses de otros territorios.

La idea de que Madrid es el adversario de Cataluña, consideraciones futbolísticas con el Barça al margen, está muy interiorizada entre los líderes del desafío soberanista y es un espantajo que se agita siempre que se quiere enfervorecer a la parroquia. Es un enemigo fácil de identificar.

Trampas verbales

El proceso independentista de Cataluña ha dado a luz además a trampas verbales casi infantiles, pero que a costa de repetirse se han interiorizado en el imaginario colectivo de no pocos ciudadanos. Durante los preparativos del suspendido referéndum a los dirigentes soberanistas se les llenaba la boca con la exigencia de que la votación tuviera garantías democráticas, cuando lo que querían demandar era el mero cumplimiento de los requisitos legales. Pero claro, discutir sobre las exigencias de la ley está fuera de lugar porque las normas están para cumplirlas no para debatir sobre sus límites de exigencia. Para eso está el recurso a las garantías democráticas, una forma de poner en cuestión el estado de derecho sin que lo parezca.

El portavoz del Gobierno catalán, Francsc Homs, hizo todo un descubrimiento conceptual al hablar de «unidad técnica» entre los partidos favorables a la consulta. Apeló a semejante sintagma para enmascarar que la unidad política del frente del 9-N había saltado por los aires el día en que Mas decidió acatar la suspensión de la votación ordenada por el Tribunal Constitucional. El consejero Homs se quedó con que se había alcanzado cierto grado de acuerdo sobre los aspectos técnicos del sucedáneo de consulta que se consumará dentro de dos semanas, pero el concepto de unidad vestía mucho más y, sobre todo, sonaba mejor.