El Gobierno impugna la convocatoria del 9-N para evitar un «fraude de ley»

Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado la decisión en la rueda de prensa habitual de los viernes en el Palacio de la Moncloa, tras recibir ayer el informe del Consejo de Estado en el que se recomienda el recurso. "Hay fundamentos jurídicos suficientes, se aprecian elementos de carácter refrendario y un exceso en los límites competenciales", ha resumido la número dos del Gobierno.

El Ejecutivo avanza su deber de "proteger la democracia" y de afirmar el ordenamiento jurídico y el estado de derecho. Además, Sáenz de Santamaría ha denunciado la presión ejercida por la Generalitat sobre los funcionarios, que han quedado a la "intemperie legal".

Ahora el Gobierno insta a Artur Mas a acatar la resolución que adopte el Tribunal Constitucional "por respeto" a los catalanes. Considera la vicepresidenta que Mas ha ido aún más lejos en esta ocasión. "Espero que sea muy consciente de que si en el primer referéndum imcumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna", ha advertido.

"Vicios de inconstitucionalidad"

En su informe, el Consejo de Estado señala que la consulta alternativa guarda una "identidad sustancial" con la que suspendió el Tribunal Constitucional y que el presidente catalán, Artur Mas, ha puesto de manifiesto "un propósito no disimulado" de "eludir, no solo la suspensión ya decretada por el TC, sino de evitar futuras impugnaciones del Gobierno ante dicho órgano".

Pero además, considera que el hecho de que la consulta pretenda celebrarse con la ayuda de voluntarios o de que las personas llamadas a participar no sean todas las inscritas en el censo sino aquellas que se inscriban voluntariamente en un 'fichero', lejos de atenuar los "vicios de inconstitucionalidad de los que adolece el proceso eleva la gravedad de los mismos", por entender que con ese proceder "se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales".

En este sentido cita la neutralidad de los responsables del proceso o la previa determinación del "universo de personas llamadas a votar", subrayando que al no observarse estas garantías se atenta contra la libertad y la igualdad de sufragio que es la regla habitual en cualquier sistema democrático. "De este modo, se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades públicas convocantes", argumenta en su dictamen.