La hija de Eduardo Zaplana, una de las investigadas en el caso de Oleguer Pujol

El magistrado, que ordenó el pasado jueves registros en distintas viviendas y oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla relacionadas con el menor de los Pujol, investiga a la hija de Zaplana por su relación con algunas de las empresas de su marido, el antiguo socio de Oleguer y fundador de la gestora Drago Capital, Luis Iglesias.

Pedraz ha recibido denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra un total de 26 personas físicas y 40 sociedades. Intenta aclarar el origen de los fondos con los que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria.

La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Drago con distintas sociedades ubicadas en paraísos fiscales y vinculadas al hijo menor de Jordi Pujol. Según informa la empresa en su página web, Drago Capital es una compañía de inversión y gestión inmobiliaria que opera en la Península Ibérica y que fue fundada en el año 2000.

Desde sus inicios, ha cerrado operaciones por importe de más de 3.000 millones de euros de la mano de grandes inversores institucionales extranjeros y nacionales. Entre los activos adquiridos se encuentran edificios de oficinas, propiedades residenciales, locales comerciales, apartamentos turísticos y hoteles.

También se encuentran entre las transacciones investigadas las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Podemos dirigirá la acción popular

El juez Pedraz ha decidido, además, ofrecer a la formación política Podemos, que presentó junto a Guayem la primera querella contra el hijo pequeño de Pujol, la representación letrada de los distintos querellantes personados en la causa, han informado las mismas fuentes.

El magistrado ha impuesto a estas dos formaciones, Iniciativa Per Catalunya Els Verts (ICV), que se sumó posteriormente a la denuncia, y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) una fianza solidaria de 6.000 euros y la obligación de quedar representados por un único abogado.

Las formaciones han recurrido ante la Sala de lo Penal esta decisión por lo que el magistrado ha escogido al primer partido querellante, Podemos, como representante de todos lo demás a la espera de la resolución del recurso.