El PP presenta una enmienda para legalizar las expulsiones de inmigrantes en caliente

"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Esta es la literalidad de la enmienda que el Partido Popular pretende introducir en la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sin embargo lo que realmente modificaría sería la Ley de Extranjería, ya que figuraría como "Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla" en este último texto.

El Partido Popular, que introduce otras 24 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana, justifica la necesidad de estos cambios para que la Ley de Extranjería "responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla". "La singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad", apunta el argumentario de los populares.

Desde que comenzaron estas deportaciones exprés a raíz de las crisis de las vallas de los dos últimos años, el Gobierno siempre ha defendido la legalidad de estas expulsiones, que en realidad considera dentro de la figura del 'rechazo en frontera'. Interior, haciendo una interpretación elástica de los límites territoriales del país, entiende que el territorio nacional no empieza después de las vallas sino donde se instala el cordón policial, por lo que los inmigrantes no entran en España hasta el momento en que no superan a la Guardia Civil.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado hoy en los pasillos del Congreso de los Diputados que la devolución en caliente es "una cosa ilegal" y que no se puede legalizar. "Lo que hacemos con esta enmienda es que la Guardia Civil, al actuar protegiendo nuestras fronteras, lo haga con plena cobertura jurídica al concepto operativo de rechazo en frontera, que viene utilizando la Guardia Civil por mandato legal desde el año 2005 ininterrumpidamente".

Y es que considera el Ejecutivo que esa decena de metros junto a la valla son una suerte de 'tierra de nadie' desde la que se puede 'rechazar' la entrada, ya que todavía no están dentro del país (donde sería imprescindible un procedimiento de expulsión).

Esta polémica interpretación de las fronteras y de la Ley de Extranjería por el momento le ha valido al jefe de la Guardia Civil en Melilla su imputación por prevaricación por la deportación en caliente de dos grupos de subsaharianos. Decenas de colectivos de defensa de derechos humanos han denunciado como ilegal estas prácticas. En las dos últimas semanas han arreciado las voces que consideran que las expulsiones exprés no tienen ningún encaje en las normas internacionales, entre ellas Naciones Unidas (a través del Alto Comisionado para los Refugiados) o la Comisión Europea, entre otras.