El juez Ruz imputa a Acebes por apropiación indebida en la 'caja B' del PP

El juez acuerda estas comparecencias una vez que se han practicado diligencias y se ha incorporado un informe de la policía judicial sobre las operaciones presuntamente realizadas a través de la llamada 'caja B' a partir de octubre de 2004 para la suscripción de acciones en el medio de comunicación Libertad Digital.

La policía ha investigado esos hechos a partir de nueve apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada por Luis Barcenas entre 2004 y 2005 y, según el juez, estos hechos podrían constituir un delito de apropiación indebida.

Según la declaración que prestó Barcenas en el juzgado, la génesis de estas operaciones de compraventa de acciones de Libertad Digital fue solicitada por Alberto Recarte, entonces presidente de Libertad Digital, al entonces secretario general del PP Ángel Acebes. Recarte le pediría encontrar personas que suscribiesen acciones en el proceso de ampliación de capital que estaba siguiendo para ayudar al medio. Lapuerta le habría planteado a Acebes utilizar los fondos de la 'caja B' del partido para suscribir acciones, con el fin de que esas participaciones fueran traspasadas a terceros.

El propio Lapuerta, Francisco Yáñez y Rosalía Iglesias figuraron como suscriptores de acciones, utilizando el dinero de la contabilidad paralela del partido. Los tres vendieron posteriormente las acciones y en el caso de Lapuerta y Rosalia Iglesias no consta que el dinero retornase a la 'caja B'.

"Por comisión por omisión"

A Acebes se le ha citado como imputado por su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación, pudiendo haber colaborado a que "tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".

El juez se basa en una doctrina del Tribunal Supremo, que contempla la apropiación indebida "por comisión por omisión" en la responsabilidad por la conducta de terceros subordinados al omitente, sobre los que el mismo tuviera posibilidad de ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar el resultado, cuando la actividad de aquellos fuera considerada como una fuente de peligros para intereses ajenos.

El magistrado ha tenido en cuenta las funciones que según los estatutos corresponderían al secretario general del PP. A Barcenas y Rosalía Iglesias no se les cita porque ya están imputados por estos hechos en la pieza separada llamada "época 1 (1999-2005)".

En su auto el juez reitera la dinámica de fraccionar las donaciones anónimas que realizaban Barcenas y Lapuerta para no superar el límite legal establecido entonces de 60.000 euros. A través de esa dinámica la policía ha acreditado otra contabilidad paralela para financiar la sede regional del PP en Vizcaya y las obras que se llevaron a cabo en aquel edificio.