El Gobierno cede a la presión autonómica y mantiene la planta judicial y los juzgados de paz

La medida anunciada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, causó un tremendo malestar en las comunidad autónomas y en los municipios medianos que son cabeza judicial, ya que se centralizaba en las capitales de provincia y en las ciudades más grandes los juzgados ordinarios bajo un nuevo órgano, el Tribunal Provincial de Instancia. Es decir, de los 431 partidos judiciales existentes en la actualidad en toda la geografía nacional, el anteproyecto abría la puerta a eliminar 385.

Contra este proyecto se levantaron presidentes autonómicos de diferente condición ideológica, también del PP, diputaciones provinciales y alcaldes de consistorios afectados por la supresión de su partidos judiciales y la obligación de trasladarse a la capital provincial para cualquier trámite. Una preocupación que fue trasladada hace meses al Ministerio de Justicia y que conocía también, a través de diferentes presidentes regionales, el presidente Mariano Rajoy.

Una de las primeras premisas que se marcó el nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá, era concluir aquellos proyectos de Ruiz-Gallardón en los que hubiera consenso. Y con la reorganización de la planta judicial no lo había y muchos menos iba a traer réditos electorales al partido del Gobierno. Más bien resquemor y mucha división interna.

Pues bien, ayer, primero en una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y después en la comisión de Justicia del Congreso, Catalá anunció que el Gobierno va a aprobar "en las próximas semanas" el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y que en esa densa norma se va a mantener intacto el actual modelo de la planta judicial. Una noticia que la oposición parlamentaria acogió con satisfacción.

"Inquietudes"

Catalá explicó que la reforma avanzará en "modelos de organización más flexibles", pero sin afectar a los sistemas tradicionales y manteniendo la planta judicial y los juzgados de paz. "Somos conscientes de las inquietudes y problemas que existen en torno a la organización y la estructura en el territorio del sistema judicial y, por eso, nuestro compromiso va a ser mantener el modelo actual", aseguró.

La clave ahora será desarrollar esa "flexibilidad" organizativa que señaló el ministro. Un asunto que se dibujará en la futura Ley de Demarcación y Planta que debería promover el Ministerio de Justicia, pero que no verá la luz en esta legislatura. Por lo que el proyecto se quedará en el cajón y no será utilizado en el debate político. Una preocupación menos para el Ejecutivo.

En cambio, otro tema que va a seguir candente hasta el final de la legislatura serán las polémicas tasas judiciales, que gravan los recursos en las jurisdicciones civil y contenciosa. Afirmó Catalá a los diputados que primero estudiará el impacto del recargo, si está afectado a la tutela judicial efectiva, para modificar su cuantía. Añadió que solo el 17% de los asuntos que se tramitan cada año en los tribunales, más de ocho millones, están sometidos a las tasas y que la causa de la reducción de los litigios, un 2,7% menos en el segundo trimestre de 2014, no se debe solo a su implantación sino a otros factores como la crisis económica.

Catalá también prometió "pocas leyes pero buenas" y "acotar los puntos negros" en la Administración de Justicia mediante la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales. Se declaró proclive a que sean los registradores quienes gestiones los registros civiles como un cuerpo de funcionarios. Anunció que se digitalizará el trámite de las partidas de nacimiento y defunciones y que tratará de agilizar la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.